La Justicia de Familia de la IV Circunscripción dictó una resolución determinante tras el caso de una niña de 11 años que debió ser hospitalizada por conductas autolesivas derivadas de un hostigamiento escolar sostenido. La jueza Eliana Fortbetil dispuso medidas integrales para proteger a la menor y cuestionó la "respuesta insuficiente" de la institución educativa frente al acoso.

Un cuadro de extrema vulnerabilidad

La investigación judicial confirmó que la estudiante era víctima de burlas y agresiones verbales constantes relacionadas con su apariencia física. El impacto emocional decantó en una crisis que requirió una internación involuntaria debido a los signos de angustia profunda y retraimiento, la presencia de ideas suicidas y lesiones autoinfligidas, además de un deterioro persistente del estado anímico detectado por profesionales de salud.

Responsabilidad escolar bajo la lupa

La magistrada señaló que la escuela no dio respuestas institucionales adecuadas a las alertas previas, incluyendo el silencio ante un pedido de cambio de turno solicitado por la familia. Ante esto, la Justicia ordenó:

Plan de convivencia: La institución debe presentar un informe detallado de sus actuaciones y un plan concreto para prevenir futuros casos de hostigamiento.

Cambio de turno inmediato: Se intimó a la escuela a dar respuesta efectiva al pedido de la familia para preservar la integridad de la niña.

Prácticas restaurativas: Se deberán implementar espacios de reparación con los alumnos involucrados para visibilizar el daño causado y promover la responsabilidad.
Intervención multidisciplinaria

Para garantizar el derecho a la salud y al desarrollo integral (protegidos por la Ley 26.061), la jueza dispuso una evaluación psiquiátrica con la intervención del Ministerio de Salud para un seguimiento especializado en salud mental infantojuvenil de la niña, además de la participación de especialistas en convivencia escolar para reconstruir el clima dentro del aula y un esquema de trabajo conjunto entre los sistemas de salud y educación para evitar la naturalización de la violencia entre pares.

El fallo subraya que las escuelas tienen una responsabilidad central en la detección temprana, advirtiendo que la falta de intervención oportuna pone en riesgo directo la vida de los estudiantes.