Un reciente estudio de la organización Tejido Urbano, basado en datos del INDEC y encuestas de hogares, revela una realidad alarmante: el 73% de los hogares del país enfrenta algún tipo de carencia relacionada con la vivienda. Lejos de reducirse a la falta de un techo, la problemática abarca desde la precariedad en los servicios hasta la irregularidad en la tenencia de la tierra.
Las tres caras de la crisis habitacional
El informe desglosa el universo de 10,7 millones de hogares afectados en tres categorías principales que, en muchos casos, se superponen:
Déficit cualitativo (viviendas existentes): Cerca de 7,4 millones de hogares habitan estructuras con fallas materiales, falta de saneamiento básico (cloacas, agua de red) o inseguridad jurídica sobre la propiedad.
Hacinamiento y viviendas irrecuperables: Más de 1 millón de familias requieren una unidad habitacional nueva debido a condiciones de hacinamiento crítico o estructuras edilicias que ya no pueden ser reparadas.
Inseguridad en la tenencia: Aproximadamente 4,7 millones de hogares no cuentan con escrituras, mientras que 1,6 millones viven en una situación de precariedad absoluta (ni propietarios ni inquilinos formales).
El nuevo perfil del inquilino
El documento destaca un cambio estructural: el alquiler ya no es una transición, sino un obstáculo permanente. El 20% de los hogares hoy alquila, un sector compuesto mayoritariamente por jóvenes de entre 20 y 40 años de clase media. Tras la derogación de la Ley de Alquileres, este grupo enfrenta contratos más cortos, aumentos frecuentes y una presión económica que ha llevado a que la mitad de los inquilinos caiga por debajo de la línea de pobreza.
El impacto del ajuste estatal
La crisis estructural se ve profundizada por un giro drástico en la política pública. Según el análisis de ejecución presupuestaria, la inversión nacional en Vivienda y Urbanismo ha sufrido un recorte histórico bajo la actual administración:
·Contracción presupuestaria: Se registra una caída real de la inversión de entre el 85% y el 95% en comparación con periodos anteriores.
·Paralización de obras: El cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial dejó más de 100.000 viviendas sociales frenadas en todo el país.
·Disolución de fondos: Programas emblemáticos como el Pro.cre.ar y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinados a urbanizar barrios populares, han sido desmantelados.
Proyecciones para 2026
De cara al próximo año, el panorama no muestra señales de alivio. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto proyectado para Agua Potable y Alcantarillado caerá un 78% respecto a 2023, lo que consolidaría la falta de acceso a servicios básicos como un problema crónico para millones de argentinos.
