La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás obliga a la comuna a entregar información detallada sobre el destino de 1.000 millones de pesos anuales tras un reclamo de la Sociedad Rural.

BARADERO – Un fallo judicial sin precedentes sacudió la administración pública de Baradero. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás dictó una sentencia que obliga al municipio a brindar un informe pormenorizado sobre el uso de los fondos recaudados a través de la tasa de red vial, atendiendo a un pedido de acceso a la información pública impulsado por los productores locales.
El reclamo de los productores

La acción judicial fue promovida por la Sociedad Rural de Baradero ante lo que califican como un estado "calamitoso" de los caminos rurales. Según los denunciantes, a pesar de que el sector aporta aproximadamente 1.000 millones de pesos anuales bajo este concepto, la falta de mantenimiento es evidente y afecta directamente la logística de la producción regional.

Los productores exigen saber con exactitud en qué se gasta ese dinero, ya que sospechan que los recursos son derivados a otras áreas de la gestión municipal, dejando de lado la contraprestación de servicios para la cual fue creada la tasa.
Transparencia y derecho ciudadano

La sentencia de la Cámara ratifica que el acceso a la información pública no es una concesión del Estado, sino un derecho ciudadano fundamental. En este sentido, la justicia ordenó a la comuna que en un plazo determinado ponga a disposición:

Balances y matrices de costos relacionados con la red vial.

Listados detallados de cheques emitidos y transferencias realizadas.

Documentación que respalde la gestión económica local vinculada a estos fondos.

Un precedente para la provincia

Más allá del caso local, este fallo es seguido de cerca por otros distritos bonaerenses que mantienen conflictos similares por tasas rurales. La justicia ha subrayado un principio básico: el Estado debe justificar de manera clara, completa y oportuna cómo y en qué gasta los recursos que percibe de los contribuyentes.

Este antecedente debilita la resistencia de los municipios a rendir cuentas y fortalece la posición de las entidades agropecuarias que exigen que lo recaudado por servicios específicos sea efectivamente invertido en las mejoras correspondientes. Por ahora, el municipio de Baradero deberá abrir sus cuentas ante la mirada atenta de un sector que ya no acepta el silencio como respuesta.