La obra de ampliación en la Avenida Mosconi (ex Ruta 22) no solo ha transformado el mapa del tránsito en la capital provincial, sino que ahora desata una fuerte disputa política y administrativa. Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante busca frenar la emisión de fotomultas en el sector, bajo el argumento de que las obras generan "condiciones excepcionales" que vuelven arbitrarias las sanciones.
El planteo: ¿Seguridad vial o afán recaudatorio?
La iniciativa, impulsada por la concejal Denisse Stillger (PRO), solicita al Ejecutivo Municipal que suspenda temporalmente el sistema de monitoreo automático en un radio de dos cuadras a la redonda del corredor afectado. El fundamento principal es la alteración drástica del entorno: desvíos permanentes, reducción de calzada y una congestión que obliga a los conductores a maniobras imprevistas.
Según el proyecto, aplicar sanciones en este contexto vulnera el principio de razonabilidad. "La finalidad del sistema debe ser la prevención y no la sanción automática en situaciones donde el cumplimiento estricto de la norma se ve obstaculizado por la propia obra", argumenta la propuesta.
La legalidad en jaque: Señalización provisoria vs. Ley Nacional
El punto más crítico del debate técnico reside en el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. La normativa establece que, para que una multa sea válida, la señalización debe ser:
1.Visible y precisa: En zonas de obra, la cartelería suele ser transitoria o incluso contradictoria.
2.Adecuada al contexto: Los cambios constantes en los sentidos de circulación y carriles habilitados generan confusión, lo que anularía el sustento legal de la infracción por falta de claridad.
Revisión de oficio: ¿Se pueden anular las multas ya emitidas?
Más allá de la suspensión a futuro, el proyecto va un paso más allá y exige una revisión de oficio de todas las actas labradas desde el inicio de los trabajos. La intención es que el municipio identifique los casos donde la señalización fue deficiente y proceda a la anulación de las multas, evitando perjuicios económicos injustificados a los vecinos.
El impacto en los automovilistas
El reclamo de los usuarios ha ido en aumento en las últimas semanas. Las quejas se centran en multas por invadir carriles o giros indebidos en puntos donde la calzada se encuentra reducida por maquinaria o materiales de construcción.
Ahora, la pelota está en el campo del Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. La decisión final marcará un precedente sobre cómo deben operar los sistemas de control inteligente en zonas de intervención urbana crítica, donde el flujo vehicular deja de ser previsible y el margen de error del conductor aumenta exponencialmente.
