En una carrera contra los tiempos parlamentarios, el oficialismo busca convertir en ley un proyecto que redefine el control de armamento en Argentina. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, será tratada este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara Alta para evitar que pierda estado parlamentario en febrero de 2027.

Los dos ejes de la reforma

El proyecto del Poder Ejecutivo propone un esquema de "salida" doble para los ciudadanos que poseen armamento fuera de regla:

1.Regularización Extraordinaria: Un mecanismo ágil para quienes deseen poner sus papeles al día, cumpliendo con la normativa de tenencia legal.

2.Entrega Voluntaria (PEVAF): Se busca prorrogar hasta diciembre de 2027 el programa que permite entregar armas para su destrucción de forma anónima, recibiendo a cambio una compensación económica.

El fin del "papel" y la burocracia

Desde la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), su director Juan Pablo Allan defendió la necesidad de una transformación digital. El objetivo es que los trámites sean 100% remotos, reduciendo costos operativos y facilitando el acceso a usuarios de todo el país.

Puntos clave aclarados por el organismo:

·No hay flexibilización: Simplificar el trámite no significa bajar la vara. Se mantienen los exámenes psicofísicos y de idoneidad en el tiro.

·Identificación y Trazabilidad: Se estima que hay 800.000 armas circulando de forma irregular. El Gobierno considera crítico que el Estado sepa quién posee cada unidad para mejorar la seguridad pública.

·Estado del trámite: El proyecto fue impulsado originalmente por la Casa Rosada bajo las firmas de Javier Milei y Patricia Bullrich, buscando modernizar una ley que consideran "vanguardista en su letra, pero ineficaz en su aplicación actual".

Por qué es urgente el tratamiento

Si el Senado no sanciona la ley antes de la apertura de sesiones del próximo año, el proyecto caducará. Para el oficialismo, esto representaría un retroceso en la lucha contra el mercado ilegal, ya que la digitalización y el incentivo de regularización son vistos como las herramientas principales para "blanquear" el parque de armas en manos civiles sin recurrir a la libre portación, medida que el Ejecutivo ha aclarado que no forma parte de este paquete legal.