En un intento por frenar la creciente ola de intimidaciones públicas en establecimientos educativos, los gobiernos de Santa Fe, Corrientes y el Departamento Judicial de Mar del Plata endurecieron su postura. A partir de ahora, las familias de los menores involucrados en amenazas de tiroteos o bombas deberán pagar los millonarios costos de los despliegues policiales.

El costo de la intimidación: hasta $6 millones por operativo

La provincia de Santa Fe lidera esta iniciativa tras registrar picos de hasta 65 denuncias en un solo día. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, fue tajante al explicar la lógica detrás de la medida:

·Impacto económico: Cada movilización de patrulleros, bomberos y expertos en explosivos le cuesta al Estado entre 5 y 6 millones de pesos.

·Responsabilidad civil: Una vez identificados los autores, el Estado demandará a los tutores para recuperar ese dinero.

·Consecuencias penales: Además de las multas, los responsables enfrentan allanamientos y el secuestro de dispositivos. Estos antecedentes podrían incluso bloquear trámites personales o permisos de viaje a futuro.

El marco legal: Tolerancia cero y "Copycat"

Las autoridades advierten sobre el efecto "copycat" (imitación), donde la viralización de un caso genera una reacción en cadena. Ante esto, la respuesta judicial se apoya en dos pilares:

Código Penal (Art. 149 bis): Las amenazas e incitaciones a la violencia son delitos procesables, independientemente de si el autor es menor de edad.

Código Civil y Comercial (Art. 1754): Establece la responsabilidad solidaria de los padres por los daños causados por hijos bajo su cuidado.

En Corrientes, el jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón, ratificó que la edad no será un escudo: "La mayoría son menores, pero eso no los excluye de las consecuencias judiciales, ni a sus padres de la responsabilidad civil".

El escenario en Mar del Plata y CABA

Por su parte, en Mar del Plata, la Fiscalía General ya imputó a un joven de 17 años y ordenó que las familias costeen los perjuicios ocasionados para evitar que se siga interrumpiendo el ciclo lectivo.

En contraste, la Ciudad de Buenos Aires optó por un camino diferente: aunque el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció un refuerzo en los protocolos de seguridad y la responsabilidad adulta, por el momento no se han implementado sanciones económicas directas como en el interior del país, priorizando el abordaje institucional y preventivo.