La capital cordobesa es escenario de un duro enfrentamiento laboral tras el cese abrupto de actividades en la planta de neumáticos IBF. El conflicto, que dejó a 40 operarios sin empleo de forma inmediata, ha escalado a nivel provincial con la declaración de una huelga general por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
El operativo del cierre: "Escribanos y seguridad privada"
La crisis estalló el pasado martes cuando los trabajadores se toparon con las puertas de la fábrica cerradas. Según denunció el delegado Miguel Díaz, la empresa ejecutó la medida mediante un despliegue intimidatorio que incluyó personal de seguridad privada y escribanos, omitiendo cualquier canal de comunicación con los representantes de los empleados.
Este movimiento patronal se produjo en abierta desobediencia a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que ya había calificado las cesantías como actos fuera de la ley.
Denuncias de maniobras judiciales
El conflicto sumó un capítulo de alta tensión cuando el gremio denunció una "causa armada" para forzar el desalojo de la planta. Germán Silva, referente local del SUTNA, relató que se utilizó una denuncia anónima por un supuesto secuestro dentro del predio para habilitar la intervención policial. Bajo esta premisa, la fiscalía ordenó retirar a los trabajadores que realizaban una permanencia pacífica en defensa de sus puestos de trabajo.
La respuesta gremial: Paro y movilización
La reacción sindical no se hizo esperar:
·Corte en Avenida Sabattini: Los despedidos, junto a organizaciones sociales, docentes y agrupaciones universitarias, bloquearon parcialmente el tránsito a la altura del barrio Deán Funes para exigir la reincorporación.
·Huelga Provincial: El SUTNA nacional decretó un paro de 24 horas en toda la provincia de Córdoba, vinculando este conflicto local con la pelea general por paritarias que atraviesa la industria del neumático.
Un conflicto con impacto regional
Desde el gremio aseguran que lo ocurrido en IBF es un síntoma de una postura empresarial que busca ignorar la legislación vigente y precarizar las condiciones de contratación. Mientras la cartera laboral exige a la empresa dar marcha atrás con los despidos, la fábrica permanece inactiva y custodiada, dejando un saldo de incertidumbre social y económica en la zona sur de la ciudad.
