El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 27 formalizó la apertura del concurso preventivo de Texilo, una tradicional compañía textil con ocho décadas de trayectoria en el mercado local.
La firma, propietaria de marcas comerciales reconocidas como Sauce Viejo, Caima e Hilos Parval, busca reestructurar un pasivo global de $2.572 millones para evitar el cierre definitivo de su planta de producción en Desvío Arijón, provincia de Santa Fe, y de sus oficinas comerciales en la Ciudad de Buenos Aires.
Los acreedores tendrán tiempo hasta el próximo 10 de septiembre para presentarse ante la Justicia y realizar la correspondiente verificación de sus créditos.
La presentación judicial de Texilo detalla un profundo desequilibrio en su ecuación económica. Durante su último ciclo contable, la fábrica operó muy por debajo de su capacidad instalada, registrando ventas netas por $637,9 millones frente a costos fijos e insumos que escalaron hasta los 940 millones de pesos. La dirección de la empresa atribuyó el quebranto a un combo crítico: la severa retracción del consumo interno, la suba de los costos operativos y de logística, y una marcada extensión en los plazos de cobro por parte de sus clientes, factores que estrangularon su capital de trabajo.
El peso de la deuda bancaria, fiscal y la amenaza de corte de luz
Los registros de la base de deudores del Banco Central (BCRA) reflejan que el pasivo financiero de la firma supera los $620 millones repartidos entre entidades como BBVA, Macro, Supervielle, Provincia y Nación, sumando además cerca de $51 millones en cheques rechazados por falta de fondos. El frente impositivo también se encuentra asfixiado: la textil informó obligaciones previsionales y fiscales bajo regularización con AFIP/ARCA por $750 millones, a lo que se acoplan $534,7 millones en concepto de sueldos atrasados y aportes al personal, en medio de un escenario de creciente litigiosidad laboral.
La cúpula de la firma ubicó el inicio formal de la cesación de pagos a principios de 2026, puntualmente a mediados de enero y febrero, cuando cayeron de forma consecutiva cuotas de 15 planes de pago estatales por casi $99 millones, una situación que bloqueó cualquier posibilidad de refinanciación.
El punto de mayor tensión operativa ocurrió cuando la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) intimó a la textil por una boleta impaga de $12 millones, bajo la advertencia de retirar el medidor y desmantelar el cableado de la fábrica. Dado que la medida implicaba la parálisis total de los telares y maquinarias, la firma solicitó una cautelar de urgencia. Finalmente, la sindicatura del concurso dictaminó el mantenimiento obligatorio del suministro, amparándose en la Ley de Concursos y Quiebras, que prohíbe interrumpir los servicios esenciales por pasivos acumulados antes del inicio del proceso judicial. Con esta medida, la empresa busca sostener sus 24 puestos de trabajo directos y renegociar con sus acreedores.
