Un fiscal estadounidense y múltiples demandas en Canadá ponen el foco sobre OpenAI. Acusan a la plataforma de brindar logística precisa para tiroteos masivos y no alertar a las fuerzas de seguridad.
La delgada línea entre la asistencia virtual y la complicidad criminal desató un debate sin precedentes en la justicia norteamericana. Las miradas apuntan de forma directa a OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, tras descubrirse que su plataforma interactuó activamente con los responsables de dos sangrientas masacres en Estados Unidos y Canadá, proporcionando información que facilitó los ataques.
La contundente acusación de la fiscalía de Florida
"Si estuviéramos hablando de un ser humano del otro lado de la pantalla, los cargos serían por asesinato". Con esa crudeza se expresó James Uthmeier, fiscal federal de Florida, al anunciar la apertura de una investigación penal contra la firma tecnológica.
La causa se originó tras analizar las interacciones de Phoenix Ikner, un joven de 20 años que el año pasado protagonizó una balacera mortal en el campus de la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, dejando un saldo de dos víctimas fatales y múltiples heridos.
De acuerdo con la investigación judicial, el chatbot le otorgó a Ikner un "asesoramiento sustancial" para optimizar el atentado. La inteligencia artificial le sugirió:
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El tipo de armamento y proyectiles más efectivos.
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La distancia ideal para efectuar los disparos.
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Las franjas horarias con mayor afluencia de estudiantes.
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Los puntos geográficos del predio universitario donde se aglomeraba más público.
Desde OpenAI se defendieron argumentando que el sistema solo recopiló datos accesibles de forma pública en la web y negaron haber incentivado de manera directa la comisión de un delito.
Tragedia en Canadá y la polémica por las alertas omitidas
De forma paralela, en el estado de California se iniciaron al menos siete demandas judiciales —que según los abogados de los damnificados podrían superar las 24 presentaciones— impulsadas por familiares de las víctimas de otra masacre ocurrida en la pequeña localidad canadiense de Tumbler Ridge, Columbia Británica.
Allí, el pasado 10 de febrero, Jesse Van Rootselaar, de 18 años, desató una matanza que comenzó en su hogar, donde asesinó a su madre y a su hermano de 11 años, y continuó en su colegio secundario, donde ejecutó a una profesora y a cinco alumnos antes de quitarse la vida. El ataque dejó además 27 heridos.
Las pericias tecnológicas revelaron que el atacante planeó minuciosamente el raid junto a ChatGPT. La querella apunta contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, bajo el cargo de negligencia, alegando que contaban con la información necesaria para frenar la tragedia.
A raíz de esto, Altman difundió una carta pública en un medio local expresando su arrepentimiento por no haber notificado a los cuerpos policiales. Se supo que en junio del año previo, el sector de ciberseguridad de OpenAI detectó la conducta violenta de Van Rootselaar en la plataforma e instó a denunciarlo. Sin embargo, la cúpula corporativa optó únicamente por dar de baja la cuenta del usuario para evitar sentar un precedente que los obligara a dar aviso a las autoridades ante cada amenaza detectada.
La firma aseguró que endureció sus protocolos bajo una política de "tolerancia cero" frente al uso de sus herramientas con fines violentos.
La alerta global de los líderes tecnológicos
El escenario encendió las alarmas de los principales referentes del sector, quienes coinciden en la inminente necesidad de establecer regulaciones estrictas para esta tecnología:
Sam Altman (OpenAI): Admitió la urgencia de legislar el uso de la IA en el ámbito privado.
Elon Musk: Advirtió de forma alarmante que la falta de parámetros de control adecuados en la IA "podría matarnos a todos".
Director de Anthropic IA: Cuestionó la preparación de la sociedad ante un "poder casi inimaginable" e instó al mundo a reaccionar frente a peligros que ya son una realidad.
