
El sector industrial de Tierra del Fuego atraviesa una de las horas más críticas de los últimos años.
Este lunes 16 de noviembre, se confirmó un duro golpe para el empleo formal en la provincia: la firma BGH comunicó al cuerpo de delegados de la UOM su decisión de desvincular a 250 trabajadores, lo que afecta a más del 40% de su plantilla de 600 operarios en la planta de Río Grande.A esta masiva reestructuración se sumaron en paralelo las cesantías arbitrarias ejecutadas por Solnik S.A., profundizando un panorama social desolador marcado por el desplome de la actividad fabril y el colapso de las economías familiares en el sur argentino
El plan de ajuste en BGH y la advertencia de despidos forzososLas cesantías en BGH están previstas para concretarse el próximo 15 de diciembre, generando una profunda zozobra en la comunidad local. Para mitigar el impacto público, la gerencia de la compañía del grupo de la familia Garfunkel implementó un régimen de supuestos "retiros voluntarios" que contempla indemnizaciones fraccionadas en hasta cinco cuotas mensuales —un esquema que licúa el valor real de los derechos laborales—.
Sin embargo, desde las bases sindicales advirtieron que, de no cubrirse el cupo de salidas pretendido por la patronal, se ejecutarán despidos directos.En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció ante la Subsecretaría de Trabajo provincial que la empresa proyecta una reestructuración productiva que incluye la tercerización de líneas de ensamblaje hacia la cooperativa sucesora de la ex-AUDIVIC bajo modalidad a fasón, un mecanismo que precariza las condiciones laborales, elimina la antigüedad y recorta beneficios convencionales.
Este ajuste se da tras una caída de más del 30% interanual en la comercialización de electrodomésticos, celulares y aires acondicionados, y se suma a los 24 despidos registrados en agosto pasado.Solnik y los despidos persecutoriosDe manera simultánea, Solnik S.A. (integrante del grupo Etercor) encendió las alarmas al notificar siete despidos de personal efectivo: cinco operarios amparados por el convenio de la UOM y dos supervisores nucleados en ASIMRA.
Delegados gremiales remarcaron que las cesantías no responden a causas productivas reales, sino a maniobras persecutorias y de carácter antisindical. Prueba de ello es el caso de una trabajadora delegada de línea que, tras sufrir meses de hostigamiento, traslados forzosos y amonestaciones infundadas, figuró entre los primeros cesanteados. Los trabajadores advierten que las medidas restrictivas podrían ampliarse en el corto plazo.
Un rojo social sin precedentes en la provinciaEl impacto acumulado de estas decisiones corporativas golpea de lleno en el régimen de promoción industrial fueguino.
Las estadísticas oficiales muestran un derrumbe del 35% en el empleo fabril:
En agosto de 2025 la provincia registraba 10.033 puestos de trabajo.Para agosto de 2026, la cifra se redujo a apenas 6.564 empleos, dejando sin sustento a 3.469 hogares en el transcurso de un año.
Esta sangría laboral arrastró a la comunidad a una emergencia social inédita. En Río Grande la demanda en los comedores comunitarios crece sin pausa, al tiempo que las familias damnificadas por la pérdida de ingresos no logran afrontar los elevados costos de los alquileres, derivando en situaciones extremas de hacinamiento habitacional o familias enteras pernoctando en vehículos para capear las bajas temperaturas de la región austral.
