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La tradicional empresa avícola formalizó su convocatoria de acreedores con un pasivo que supera los 529 mil millones de pesos y más de 4.800 afectados. El impacto golpea con fuerza a las plantas de Buenos Aires y Entre Ríos, mientras los sindicatos denuncian suspensiones y cesantías masivas.

La industria alimenticia y avícola atraviesa uno de sus momentos más críticos. La firma Granja Tres Arroyos formalizó oficialmente su concurso preventivo de acreedores, arrastrando una colosal deuda que asciende a $529.149 millones y dejando a su paso un tendal de más de 4.800 acreedores y unos 1.730 despidos denunciados por las organizaciones gremiales en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

El colapso financiero de la compañía arrastra también a otras firmas del grupo, abarcando en el proceso concursal a Wade (ex Cresta Roja), Avex y Holding Agro Industrial, lo que profundiza la parálisis en el sector.

La radiografía del millonario pasivo
Los números presentados en el expediente judicial exponen la magnitud del rojo financiero que precipitó la caída del gigante avícola:

Deuda con bancos: $199.000 millones.

Deuda con proveedores: $161.000 millones.

Cheques rechazados: Más de $126.000 millones.

Obligaciones laborales y previsionales: $46.000 millones.

Como correlato directo de esta crisis financiera, las principales plantas de procesamiento y producción del holding se encuentran totalmente paralizadas. Entre las locaciones afectadas figuran los establecimientos bonaerenses de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría, sumados a la emblemática planta La China, ubicada en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

El calendario judicial y el fantasma de la quiebra
Con la apertura formal del concurso preventivo, se abrió el tablero judicial para intentar encauzar la reestructuración de pasivos y evitar un desenlace de quiebra definitiva:

Verificación de créditos: Los acreedores tendrán tiempo hasta el 31 de mayo de 2027 para presentar y verificar sus títulos creditorios ante la sindicatura.

Plazo de acuerdo: Por su parte, la empresa dispondrá como límite hasta el 15 de marzo de 2028 para lograr reunir las conformidades y adhesiones necesarias que le permitan homologar un acuerdo preventivo con sus acreedores.

Mientras tanto, el conflicto mantiene en vilo a miles de familias trabajadoras que dependen directa e indirectamente de la cadena avícola, a la espera de definiciones sobre el futuro de las fuentes laborales en plena región productiva del país.