El delito, que habría ocurrido durante los primeros meses del año, se hizo público este miércoles tras la audiencia de formulación de cargos, donde el Ministerio Público Fiscal reveló que la agresión resultó en el embarazo de la menor.

Un escalofriante caso de abuso sexual conmociona a la localidad de Centenario. Un hombre, cuyas iniciales se identifican como P.D.M., fue puesto bajo prisión preventiva luego de ser acusado de violar a una adolescente que forma parte de su entorno familiar, con la trágica consecuencia de que la menor quedó embarazada.

El fiscal del caso, Manuel Islas, acompañado por la asistente letrada Vanesa Muñoz, formalizó la imputación este miércoles en la Ciudad Judicial de la capital, solicitando que el acusado permaneciera detenido mientras avanza la investigación.

El abuso y la amenaza de muerte

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos se produjeron entre febrero y marzo de este año, en una vivienda de Centenario. El acusado habría organizado una "pijamada" en el domicilio y, al finalizar la reunión, llevó a la adolescente a una habitación separada, donde cometió la violación.

El fiscal Islas detalló en la audiencia el método de coerción utilizado por el agresor para garantizar el silencio de la víctima: "Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que, si decía algo, iba a matar a su madre".

El representante del MPF confirmó el grave desenlace de la agresión: "Como consecuencia de esa violación, ella quedó embarazada".

Calificación penal y medida cautelar

El delito que se le atribuye a P.D.M. es abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por tres circunstancias: ser cometido por un ascendiente, ser dirigido contra una menor de 18 años, y haberse aprovechado de la convivencia preexistente y la guarda de la víctima. Estos cargos conllevan una expectativa de pena severa.

Como medida cautelar, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por cuatro meses, argumentando la existencia de riesgo de fuga, el potencial entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger la integridad física y psicológica de la víctima.

El juez de garantías Juan Manuel Kees validó tanto la formulación de cargos como el pedido de prisión preventiva por el plazo de cuatro meses. Además, el magistrado autorizó un procedimiento clave para la investigación: la extracción de sangre al acusado para realizar el cotejo de ADN.