Arianna Rivero, vecina de Neuquén Capital, relató un calvario de casi cuatro años de violencia de género y hostigamiento por parte de su expareja, a quien le formularon cargos de intento de femicidio. La mujer denunció una alarmante inacción por parte del sistema judicial, el cual le archivó la causa a pesar de contar con abundantes pruebas.
Lo más grave, según la víctima, es que el agresor —quien lleva una tobillera electrónica por incumplir reiteradas restricciones de acercamiento— trabaja actualmente como auxiliar de servicio en una escuela primaria de la ciudad.
De la formulación de cargos al archivo de la causa
Arianna Rivero describió la gravedad de las agresiones y la burocracia judicial que la ha dejado desamparada. El agresor había sido sometido a una suspensión de juicio a prueba por un año, tras la formulación de cargos. Sin embargo, dos días después de quedar sobreseído, el hombre volvió a agredir.
La víctima aseguró que ha presentado videos de las agresiones, que incluyen maltrato a sus dos hijos (uno en común y otro de diez años), y filmaciones de la destrucción de su auto en 2022, un episodio ocurrido minutos después de que la policía lo soltara tras ser demorado por incumplir la perimetral.
Alarma constante y el riesgo laboral
Rivero también detalló que, a pesar de las medidas impuestas, vive en un estado de alerta constante, ya que el agresor pasa continuamente por su casa y su trabajo.
Violaciones de Restricción: El dispositivo dual que comparten se activa constantemente cuando el hombre se acerca a sus zonas prohibidas.
Amenazas y Deudas: La mujer relató un ataque de pánico reciente que la llevó a ser internada tras ser contactada por prestamistas a quienes su expareja la había puesto como garantía, recibiendo amenazas en su domicilio.
El punto central de la denuncia pública es la situación laboral del acusado: trabaja con infancias a pesar de su historial de violencia, consumo problemático y de haber golpeado a sus propios hijos.
Acusaciones contra el Gremio ATE
Arianna Rivero manifestó que el agresor estaría siendo protegido, lo que permite su permanencia en el cargo. "Cada vez que yo presento una denuncia en el Consejo Provincial de Educación el gremio ATE las hace desaparecer porque él es parte de la murga de ATE... La justicia me tiene totalmente desamparada porque me tiran de un lado al otro", sostuvo.
La mujer, quien expresó estar con depresión e incluso con intentos de suicidio a causa del constante hostigamiento, concluyó con un pedido desesperado: “Quiero una condena real”.
Rivero sostiene que, si bien en el ámbito de Familia le han informado que se llegó al “límite máximo de medidas” (registro de violencia de género y multa), Fiscalía le archiva las causas, dejándola en una situación de total vulnerabilidad y con la sensación de estar “presa en mi casa”.
