Durante una audiencia realizada en la ciudad de Cutral Co quedaron establecidas las pautas de la Suspensión de Juicio a Prueba (SJP) que deberá cumplir R.G.A, quien era gerente general de la refinería New American Oil S.A (NAO) cuando la planta explotó en la ciudad de Plaza Huincul y provocó la muerte de los trabajadores Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara.

Si bien el Ministerio Público Fiscal y los abogados querellantes que representan a los familiares de las víctimas habían manifestado el rechazo a la aplicación de la SJP, un Tribunal de Impugnación (T.I) integrado por jueces resolvió en agosto pasado otorgarla, y dispuso la realización de una audiencia para fijar las pautas de cumplimiento.

Esta audiencia se hizo el viernes pasado ante el juez de Garantías Ignacio Pombo, en la que el fiscal jefe Gastón Liotard indicó que tras la resolución del T.I, que quedó confirmada luego por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), “la concesión de la SJP está firme y tenemos que discutir las condiciones de las mismas”.

En este sentido, indicó que “existieron conversaciones entre el MPF y la querella, en las que se prestó conformidad en el plazo, el modo y los montos propuestos por el abogado defensor”.

Las pautas fijadas y que R.G.A deberá cumplir por un plazo de un año y seis meses son las siguientes: se someterá a un control cuatrimestral de la Dirección de Población Judicializada; mantendrá el domicilio que brindó en provincia de Buenos Aires; no abusará de bebidas alcohólicas ni consumirá estupefacientes; realizará trabajo comunitario por un plazo de 8 horas mensuales y 144 horas en total, a favor de una comedor en provincia de Buenos Aires; donará en concepto de reparación social –porque en el ámbito civil las familias de las víctimas ya recibieron una reparación- un total $4 millones en cuatro cuotas, destinados a los cuarteles de Bomberos que intervinieron en la explosión en la refinería, de las ciudades de Plaza Huincul, Cutral Co, Neuquén, Centenario y Plottier; y por último se abstendrá de tener cualquier tipo de contacto con familiares de las víctimas.

El abogado querellante manifestó en la audiencia que “esta respuesta del sistema penal fue resistida por las partes acusadoras y desde la perspectiva de la familia no era la salida que se pretendía”. Pero indicó que ante la confirmación del T.I de la aplicación de la SJP, “no vamos a formular objeciones a las condiciones propuestas”.

En este contexto, en la audiencia del viernes pasado el juez de garantías Ignacio Pombo avaló las pautas acordadas por las partes para la SJP.

A fines de julio de este año, se realizó la audiencia de control para que el caso pase a la etapa de juicio. El MPF le atribuyó a R.G.A el delito de estrago culposo en su forma agravada por el resultado muerte.

Como no tiene antecedentes penales y el delito prevé una pena que podría ser inferior a los tres años y de cumplimiento condicional, finalmente pudo acceder a la SJP.

Otras cinco personas, G.F.M.T.M; S.F.S; G.B; C.N.G; y A.E.N, también fueron imputadas por el delito de estrago doloso en su forma agravada por el resultado muerte.

En esos casos, se los juzgará ante un tribunal colegiado integrado por jueces y juezas.

El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2022, alrededor de las 04:10, en la refinería y base de la empresa New American Oil S.A, situada en calle 3 del Parque Industrial de Plaza Huincul.

“Existió un sinnúmero de incumplimientos”, planteó el fiscal jefe Gastón Liotard durante la audiencia de control de la acusación, en la que intervino junto a la fiscal del caso Ana Mathiue.