Un importante cargamento de armas de fuego fue interceptado por Carabineros de Chile en el sector de Licura, Lonquimay, durante un control de rutina a un bus de pasajeros que se dirigía hacia la capital. El operativo, liderado por la unidad especializada OS7, permitió el decomiso de material bélico de alto poder de fuego que habría sido ingresado de manera ilegal desde territorio argentino.
El botín: Armas automáticas y munición "caza elefantes"
El imputado, un ciudadano chileno de 32 años, ocultaba en su equipaje de bodega una serie de elementos prohibidos por la ley de armas:
·Subametralladoras: Se trata de cinco unidades calibre 9 mm con inscripciones de la "Fábrica Militar de Armas Portátiles Rosario" y de la "Policía Federal Argentina". Según el General Miguel Herrera, estas piezas son comparables a las UZI y poseen cadencia de tiro automática.
·Munición de alto impacto: Además de 15 cargadores, se hallaron proyectiles calibre .45, conocidos en el ámbito criminal como "caza elefantes" debido a su letalidad y capacidad de daño.
·Alteraciones: Todo el armamento presentaba sus números de serie suprimidos para impedir el rastreo de su origen.
Situación judicial y alcances de la investigación
Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Lautaro, el Fiscal Miguel Velásquez le imputó cuatro cargos graves: internación ilegal de armamento, tenencia de armas prohibidas, y posesión ilegal de municiones y piezas de artillería.
Dada la gravedad del hecho y el riesgo que representa para la seguridad pública, se decretó su prisión preventiva. Aunque el detenido no contaba con condenas previas, sí había estado bajo la lupa de la justicia en investigaciones pasadas por otros delitos.
Hermetismo y seguridad fronteriza
Desde el Gobierno regional, el seremi de Seguridad, Israel Campusano, enfatizó que no se puede ser "ingenuo" ante el flujo de armas en la frontera. No obstante, las autoridades han mantenido bajo estricta reserva el método exacto por el cual las subametralladoras cruzaron la cordillera.
El tribunal otorgó un periodo de cinco meses para el desarrollo de la investigación secreta, la cual buscará determinar si este cargamento formaba parte de una red de tráfico de armas mayor destinada a abastecer al crimen organizado en la zona central del país.
