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Un alto oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) fue apartado de sus funciones tras ser interceptado en un control vial bajo los efectos del alcohol. El hecho, que cobró relevancia por la condición de funcionario del implicado, ocurrió en el kilómetro 85 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Campana.

Los detalles del incidente

El protagonista del episodio es un subcomisario de 42 años que prestaba servicios en la División Delitos Tecnológicos. Al momento de ser detenido por inspectores de tránsito en un operativo de rutina, el oficial se desplazaba en una unidad oficial (una camioneta Ford Ranger de la PFA) trasladando a miembros de su familia.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,56 gramos de alcohol en sangre, infringiendo la normativa de "Alcohol Cero" vigente en la provincia de Buenos Aires. Ante la consulta de los agentes sobre su estado, el funcionario admitió que regresaba de un evento social.

Registro y repercusión

La situación fue captada en un video que circuló con rapidez por plataformas digitales. En la filmación se observa la recriminación de los agentes municipales, quienes enfatizaron el rol que debe ocupar un miembro de las fuerzas de seguridad como referente de la ley. "Usted, como funcionario, tiene que dar el ejemplo", se escucha decir a la inspectora mientras el implicado permanecía dentro del vehículo institucional.

Consecuencias administrativas y cambios operativos

La cúpula de la Policía Federal reaccionó de manera inmediata ante el hecho, calificándolo como una falta gravísima a la ética profesional. Las medidas adoptadas incluyen:

·Pase a disponibilidad: El subcomisario fue suspendido de sus funciones de forma inmediata mientras avanza el sumario administrativo.

·Acción judicial: Se inició una causa por la infracción a la Ley de Tránsito, además de las sanciones internas pertinentes.

·Restricción de móviles: Como consecuencia directa de este caso, la superioridad dispuso que el uso de vehículos oficiales quedará estrictamente limitado a los jefes de dependencia para evitar usos indebidos de los bienes del Estado.

La institución reafirmó que se aplicarán las máximas sanciones disciplinarias, subrayando que no habrá tolerancia ante conductas que empañen el prestigio de la fuerza y pongan en riesgo la seguridad vial de la ciudadanía.