Un peritaje clave realizado por Gendarmería Nacional ha revelado serias irregularidades en el manejo del teléfono de Fernando Sabag Montiel tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Según los datos forenses incorporados recientemente a la causa por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, el dispositivo registró actividad en el Shopping Abasto mientras el agresor ya se encontraba bajo custodia policial.
El rastro digital en las horas de silencio
La cronología del 1 de septiembre de 2022 muestra baches inexplicables en la custodia de la prueba. Tras ser detenido a las 21:00 horas frente al domicilio de la entonces vicepresidenta, el celular de Sabag Montiel no fue resguardado de inmediato.
A las 22:38, cuando el atacante ya estaba incomunicado, el teléfono se conectó a la red inalámbrica del centro comercial Abasto y recibió correos de validación. Poco antes de la medianoche, se detectó la eliminación de información vinculada a su cuenta de Instagram. Recién a las 00:23 de la madrugada siguiente se labró el acta formal de custodia, dejando una ventana de tres horas en la que el aparato pudo ser manipulado por terceros.
Contradicciones y denuncias de amenazas
La investigación judicial apunta ahora a determinar quién tuvo el dispositivo en sus manos durante ese tiempo crucial. El proceso está plagado de testimonios contradictorios: los testigos del procedimiento inicial no logran ponerse de acuerdo sobre si el equipo estaba encendido o dañado, o quién fue el último en manipularlo antes del peritaje.
A este panorama se suma una denuncia de extrema gravedad: tanto civiles que actuaron como testigos como agentes de Gendarmería involucrados en el análisis forense aseguraron haber recibido amenazas para condicionar su participación en la causa.
El desenlace judicial de los acusados
Pese a los cuestionamientos sobre la cadena de custodia, el Tribunal Oral Federal N° 6 dictó sentencia el pasado mes de octubre. Fernando Sabag Montiel recibió una pena de 14 años de prisión por el intento de homicidio agravado, sumado a delitos por tenencia de armas y distribución de material de explotación sexual infantil.
Por su parte, su expareja Brenda Uliarte fue condenada a 8 años y dos meses de cárcel como partícipe necesaria del ataque. En tanto, Nicolás Carrizo, el tercer implicado en la denominada "banda de los copitos", fue absuelto por el tribunal al no hallarse pruebas concluyentes sobre su participación en el plan magnicida.
