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En una resolución que marca un precedente por su severidad, la Justicia de Familia de Neuquén dispuso la exclusión territorial completa de un hombre de 35 años, prohibiéndole permanecer en cualquier punto de la provincia. La sentencia, dictada por el magistrado Jorge Sepúlveda, surge tras el fracaso sistemático de los mecanismos electrónicos y las restricciones perimetrales para frenar un caso de violencia de género de "alto riesgo".


El fracaso de la tecnología ante la reincidencia

A pesar de los esfuerzos judiciales por proteger a la víctima desde agosto pasado, el imputado demostró lo que el juez calificó como un "total menosprecio por la ley". El historial de desobediencia técnica es alarmante:

·Sabotaje electrónico: El agresor se arrancó la tobillera de monitoreo dual en tres ocasiones distintas.

·Inutilidad del arresto: Ni las detenciones breves ni el botón antipánico entregado a la mujer lograron disuadirlo.

·Acoso persistente: La restricción de 900 metros fue vulnerada repetidamente, llevando a la víctima a un estado de terror que derivó en una internación hospitalaria por descompensación.

Fundamentos del "exilio" forzado

Para garantizar la integridad de la mujer, el juez Sepúlveda aplicó una medida de protección excepcional basada en tratados internacionales y la Ley 2785. El fallo sostiene que:

1.Prioridad de derechos: El derecho constitucional a la libre circulación del hombre se ve supeditado al deber del Estado de proteger la vida y la salud de la denunciante.

2.Abandono de la provincia: El sujeto debe radicarse fuera de los límites de Neuquén y tiene prohibido el reingreso sin una orden judicial específica.

3.Condición de salud mental: La justicia le exige someterse a un tratamiento psicológico obligatorio para abordar su conducta violenta.

Un mensaje a las instituciones

El fallo subraya que cuando las medidas cautelares tradicionales resultan insuficientes, el Poder Judicial debe "readecuar las herramientas" para que el resguardo sea efectivo y no meramente simbólico. La expulsión del territorio provincial se presenta así como el último recurso para evitar un desenlace fatal ante un agresor que demostró ser impermeable a los controles del Estado.