Imagen

La justicia neuquina ha dictado una sentencia que no solo castiga un acto de violencia, sino que busca garantizar la seguridad en el espacio público. Un hombre fue condenado por abusar de una pasajera en una unidad de la empresa Cole, sumando a su pena una restricción inédita: no podrá utilizar el servicio de colectivos urbanos por un lapso de dos años.

El hecho: Acción coordinada entre chofer y pasajeros
El incidente, ocurrido en agosto pasado, fue neutralizado gracias a la rápida reacción de los presentes dentro del ómnibus. Tras agredir a una mujer de 38 años que viajaba a su lado, el sujeto intentó descender rápidamente para escapar.

Sin embargo, el conductor de la unidad intervino de forma decisiva al cerrar las puertas, bloqueando la salida mientras otros pasajeros reducían al agresor. Inmediatamente, el chofer desvió su ruta y se dirigió directamente a la comisaría más cercana, entregando al sospechoso y aportando las grabaciones de las cámaras de seguridad internas como prueba irrefutable.

La sentencia y las reglas de conducta
El juez de garantías Juan Guaita homologó un acuerdo de juicio abreviado después de que el imputado admitiera su culpabilidad. La resolución judicial establece las siguientes condiciones:

Pena de prisión: Se fijó en un año y dos meses de cumplimiento en suspenso.

Restricción de movilidad: La prohibición específica de utilizar cualquier unidad de la empresa Cole durante los próximos 24 meses.

Protección a la víctima: Se estableció una restricción de acercamiento de 300 metros y la prohibición absoluta de contacto directo o indirecto.

Antecedentes: El condenado será inscripto de manera obligatoria en el registro de personas con condena por delitos contra la integridad sexual.

Eficacia del proceso abreviado
Al no contar con antecedentes previos y aceptar su responsabilidad, el sistema judicial permitió cerrar el caso sin llegar a un juicio oral. Esta modalidad agiliza la aplicación de justicia y garantiza que el agresor sea monitoreado cuatrimestralmente por la Dirección de Población Judicializada, asegurando el cumplimiento de las normas impuestas para mantener su libertad condicional.