El funcionario del Ministerio Público Fiscal, Federico Ocejo, formuló cargos contra un efectivo policial acusado por agredir a su pareja, también integrante de la fuerza, y llevarse el arma reglamentaria de la mujer. El juez de garantías tuvo por formulada la imputación, fijó un plazo de dos meses para la investigación y le impuso medidas de coerción. (foto de archivo)
Según la acusación, el hecho ocurrió el 24 de febrero de 2026, alrededor de las 3 de la madrugada, en una vivienda de Cutral Co. Tras una discusión por un mensaje de texto, el imputado —A.L.O.— tomó el arma reglamentaria de su pareja y la golpeó en el rostro. Luego la agredió con golpes de puño, la tomó de los cabellos y la empujó contra un sillón. En la cocina, durante un forcejeo, la mujer sufrió un corte en un dedo cuando el acusado manipuló un cuchillo tipo serrucho.
Finalmente, al retirarse del domicilio, se apoderó del arma reglamentaria de la víctima. El certificado médico constató diversas lesiones, entre ellas hematomas y escoriaciones en el rostro, cuero cabelludo y manos.
La fiscalía encuadró provisoriamente los hechos en los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con hurto, en calidad de autor (artículos 89, 92, en concordancia con el 80, incisos 1 y 11; 162, 45 y 55).
Tras calificar el accionar del acusado, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó la necesidad de imponer restricciones como medidas para proteger a la víctima y para evitar el entorpecimiento de la investigación.
Luego de tener por formulados los cargos y también a partir del pedido de Ocejo, el juez Ignacio Pombo dispuso medidas cautelares por dos meses: la prohibición de ingreso a Cutral Co y Plaza Huincul; la prohibición absoluta de contacto con la víctima, ya sea personal, telefónico, por mensajería o redes sociales, incluso a través de terceros; la prohibición de realizar actos de intimidación, perturbación o agresión, aun sin contacto directo —lo que incluye eventuales publicaciones o indirectas en redes sociales—; y el retiro del arma reglamentaria provista por la Policía de la provincia.
Finalmente, por pedido de Ocejo y a pesar de la oposición de la defensa, el juez ordenó el retiro del arma reglamentaria del imputado durante el plazo de la investigación. Por otro lado, no se adoptaron medidas respecto de la situación administrativa del efectivo debido a que ese aspecto depende de las decisiones que adopte la Policía de la provincia, en el ámbito interno correspondiente.
