La causa que investiga irregularidades en la gestión de programas sociales en la provincia de Neuquén sumó un nuevo y determinante capítulo.
El Ministerio Público Fiscal amplió la formulación de cargos en el expediente de la cooperativa "Viento Sur", incorporando como imputados a los exministros Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino.
Según la acusación presentada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y la fiscal Rocío Rivero, los exfuncionarios habrían facilitado un esquema de administración fraudulenta que generó un perjuicio al erario público superior a los 1.200 millones de pesos a valores históricos.
La tesis de la fiscalía sostiene que la maniobra se articuló mediante el abuso de funciones y la omisión deliberada de controles sobre un programa de capacitación para organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de que la normativa exigía la verificación rigurosa de padrones de beneficiarios, planes de acción y certificaciones de capacitación antes de cada desembolso, los exministros habrían autorizado pagos mensuales de manera sistemática entre julio de 2022 y diciembre de 2023.
Incluso, la investigación detectó que los envíos de dinero comenzaron un mes antes de que se firmara el decreto que creaba formalmente el programa.
Un punto crítico de la acusación revela que la Contaduría General de la Provincia emitió sucesivos dictámenes negativos sobre estos movimientos, advirtiendo que las rendiciones de cuentas eran incompletas o directamente inexistentes.
Sin embargo, estas alertas fueron desoídas por los entonces titulares de la cartera de Desarrollo Social, quienes continuaron habilitando los aportes no reintegrables.
Esta conducta fue encuadrada legalmente como incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso con administración fraudulenta agravada, lo que motivó que el juez de la causa dictara la inhibición general de bienes para ambos exministros.
El esquema delictivo no se limitó a la esfera pública, sino que contó con la participación necesaria de integrantes de la cooperativa y particulares.
Mientras que los referentes de "Viento Sur" son señalados como coautores por presentar comprobantes falsos y duplicar gastos para sostener el flujo de fondos, otros individuos fueron imputados por actuar como beneficiarios de transferencias sin realizar contraprestación alguna.
Para los investigadores, esta coordinación entre funcionarios y civiles no solo frustró la finalidad social de los recursos, sino que consolidó un desvío patrimonial de gran escala que ahora entra en su etapa de definiciones judiciales.
