Tras una batalla judicial de diez años, el Juzgado Federal de La Plata homologó un acuerdo que beneficia a millones de usuarios. La empresa había facturado un cargo por servicios no prestados desde 2014.

LA PLATA – Un extenso litigio colectivo llegó a su fin con una resolución que marca un precedente clave en los derechos de los consumidores en Argentina. El juez federal Alejo Ramos Padilla homologó el acuerdo transaccional entre la asociación CODEC y Telefónica Móviles Argentina S.A., obligando a la compañía a devolver una cifra millonaria por la aplicación indebida del concepto denominado «SVA-TB».
El origen de la estafa encubierta

La demanda, iniciada en 2014, puso bajo la lupa un cargo que la empresa incluía en las facturas de telefonía básica de forma automática y sin el consentimiento de los clientes. Según se determinó en el expediente, el rubro «SVA-TB» no representaba un servicio efectivamente prestado, sino que se cobraba como un supuesto "derecho de acceso" a servicios de valor agregado, independientemente de que el usuario los utilizara o no.

En 2023, la Justicia declaró la nulidad de este cargo, fallo que fue ratificado por la Cámara Federal. Ahora, en la etapa de ejecución, se acordó el pago de $12.640.901.252,40, monto que contempla el capital histórico, intereses compensatorios y punitorios.
¿Quiénes son los beneficiarios y cómo recibirán el dinero?

El reintegro alcanza a todos aquellos que hayan sido clientes de la firma desde junio de 2014 y que hayan abonado el cargo en cuestión. La modalidad de devolución varía según la situación actual del usuario:

Clientes vigentes: La devolución se realizará mediante una acreditación automática en sus facturas dentro de los próximos 60 días.

Ex clientes: Podrán percibir el monto a través de transferencias bancarias, billeteras virtuales o mediante cobro por ventanilla en sucursales de Pago Fácil.

El cálculo del monto individual se basa en la cantidad de meses que el usuario pagó el cargo ilegal, aplicando la tasa activa del Banco Nación (más un 50% adicional), una multa del 25% y el concepto de daño punitivo.
Detalles del acuerdo y plazos

Si bien la cifra total es impactante, el monto final sufrió una reducción del 38,93% respecto a las pretensiones iniciales, debido a que se consideró el uso efectivo de ciertos servicios por parte de un sector de los usuarios.

Por disposición judicial, Telefónica deberá realizar una campaña masiva de comunicación para informar a los beneficiarios. Los consumidores que prefieran no participar del acuerdo y deseen iniciar acciones por cuenta propia tienen un plazo de 30 días para ejercer su derecho de exclusión. El tribunal mantendrá una vigilancia estricta sobre el cumplimiento de los pagos, bajo apercibimiento de imponer nuevas sanciones ante cualquier demora.