Tras un periplo judicial que se extiende por más de dos décadas, el exefectivo de la Policía de Mendoza, Felipe Gil Fernández, ha llevado su caso ante la Suprema Corte de Justicia. El objetivo es claro: recuperar su estatus institucional, cobrar haberes devengados durante 26 años y acceder finalmente a la jubilación, luego de haber sido exonerado injustamente por un doble homicidio del que fue declarado inocente.
Crónica de una acusación infundada
La pesadilla legal de Gil Fernández comenzó en el año 2000, en el marco de la investigación por la denominada "mafia policial". En aquel entonces, prestaba servicios en la Comisaría 33 del barrio San Martín cuando fue señalado como responsable de las muertes de José Zambrano y Pablo Rodríguez.
·Consecuencias inmediatas: El efectivo fue sumariado, exonerado de la fuerza y permaneció cuatro años en prisión preventiva.
·La absolución: En mayo de 2004, la Séptima Cámara del Crimen dictaminó su inocencia por falta de pruebas, concluyendo que no existía vínculo alguno entre Gil Fernández y el doble crimen de Godoy Cruz.
La batalla contra el Estado
Una vez en libertad, el exoficial inició una ofensiva legal contra la Provincia de Mendoza para ser resarcido por los años de detención ilegítima:
1.Demanda Civil: Tras un fallo adverso en primera instancia (2006), la Cámara de Apelaciones Civil revirtió la decisión en 2017. El Estado fue condenado a pagarle una suma millonaria en concepto de lucro cesante, daño moral y pérdida de chance.
2.El reclamo administrativo: Mientras trabajaba como chofer de remís para subsistir, Gil Fernández mantuvo su lucha por la vía administrativa para anular la exoneración de su legajo.
El último recurso: La Acción Procesal Administrativa
Hoy, asistido por el abogado Rolando Quijano Cepparo, el caso desembarca en el máximo tribunal mendocino. La defensa sostiene que, al haberse caído las causas penales que motivaron su expulsión, la exoneración carece de sustento jurídico.
"Fue expulsado bajo una premisa delictiva que resultó ser falsa. Corresponde que el Estado sanee su situación laboral, abone la deuda salarial histórica y le otorgue el derecho al retiro", señalaron desde su entorno legal.
La resolución de la Corte será determinante no solo para el futuro previsional de Gil Fernández, sino también como un precedente sobre la responsabilidad estatal en la reincorporación de agentes de seguridad declarados inocentes por la justicia penal.
