Mediante la validación de un acuerdo parcial presentado por el Ministerio Público Fiscal, el imputado admitió su culpabilidad en múltiples delitos. La Justicia neuquina homologó la declaración de responsabilidad penal y postergó el debate sobre el monto de la pena efectiva para una próxima instancia.

La investigación penal sobre las redes de comercialización de estupefacientes y desarmaderos clandestinos en el ejido urbano de Plottier concluyó en su etapa de atribución de autoría. A través de un mecanismo de acuerdo de juicio abreviado parcial impulsado por la fiscal del caso, Silvia Moreira, y el asistente letrado Pablo Jávega, el imputado Ramón Segundo Cabrera admitió formalmente su responsabilidad en una serie de ilícitos que comprenden el tráfico de drogas a mediana escala, el acopio de material bélico y el encubrimiento de automotores adulterados.

Tras la ratificación voluntaria efectuada por el acusado frente a las evidencias recolectadas por los peritos, el juez de garantías interviniente homologó de forma integral el convenio alcanzado por las partes procesales, dictando la correspondiente declaración de culpabilidad. El proceso avanzará ahora hacia la fijación de la audiencia de cesura, instancia técnica donde se debatirá la escala de la pena de prisión de cumplimiento efectivo que se le impondrá.
Los hallazgos del último procedimiento policial

El principal suceso que aceleró el procesamiento del imputado se desencadenó el 19 de junio de 2025, fecha en que las fuerzas de seguridad provinciales ejecutaron una orden de registro domiciliario en una propiedad de Plottier. Si bien el allanamiento original había sido dispuesto por la magistratura para rastrear elementos vinculados a una seguidilla de robos y hurtos locales, los uniformados se encontraron con una estructura de acopio logístico ilegal:

Sustancias ilícitas: Las requisas permitieron el secuestro de diversos envoltorios que contenían aproximadamente un kilogramo y medio de clorhidrato de cocaína, sumado a partidas de cannabis sativa, balanzas digitales de precisión, sumas de dinero en efectivo y precursores químicos utilizados habitualmente para el estiramiento y fraccionamiento de los estupefacientes.

Armamento reglamentario: En las dependencias del inmueble se incautó una pistola calibre 9 milímetros apta para el disparo inmediato junto a sus respectivos cargadores y municiones, careciendo el ocupante de las autorizaciones obligatorias emitidas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Adulteración vehicular: En el predio se hallaba estacionado un automóvil Chevrolet Corsa que presentaba el grabado numeral del chasis rebajado y modificado, complementado con placas patentes que correspondían a otro rodado y un pedido de secuestro activo por un robo perpetrado semanas atrás.

Antecedentes de acopio y calificaciones legales

La plataforma fáctica presentada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) incorporó además hechos delictivos precedentes que denotaban la habitualidad en el funcionamiento del inmueble como un espacio de resguardo para bandas criminales. Durante una inspección previa datada el 14 de diciembre de 2023, la policía ya había decomisado en el mismo sitio un revólver calibre .32, una camioneta Chevrolet S10 con adulteraciones mecánicas, un automóvil Ford Ka robado y un lote de autopartes de procedencia espuria.

Frente a la multiplicidad de evidencias, la fiscalía encuadró el comportamiento de Cabrera bajo las figuras penales de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de arma de fuego de guerra (uso civil condicional), encubrimiento por receptación dolosa de vehículo automotor con numeración adulterada y encubrimiento por receptación dolosa, todo bajo las modalidades de autor y coautor según cada evento. Al comprobarse los extremos materiales de la acusación y el reconocimiento del imputado, el tribunal dio por cerrada la etapa de atribución de los hechos.