Los comerciantes K.C.V. y J.C.V. acordaron el desembolso de $137 millones en favor de las arcas municipales tras ser investigados por estafas con "horas fantasma" de maquinaria. Dos exfuncionarios continúan imputados.
Un severo caso de corrupción administrativa en el norte neuquino sumó una resolución clave en el plano penal. El Ministerio Público Fiscal (MPF) y el equipo legal de la Municipalidad de Andacollo convalidaron una propuesta presentada por las defensas de dos comerciantes locales bajo investigación por maniobras fraudulentas. A través del mecanismo de Suspensión de Juicio a Prueba (SJP), los implicados esquivarán el banquillo de los acusados a cambio de abonar $137 millones de pesos en concepto de reparación económica y someterse a estrictas reglas de conducta por el lapso de doce meses.
El beneficio procesal alcanza únicamente a los empresarios identificados por sus iniciales K.C.V. y J.C.V., quienes operaban como proveedores de insumos y servicios a través de un corralón de materiales privado. El expediente mantiene bajo la lupa a otros dos involucrados que se desempeñaban como agentes públicos al momento de los hechos: Eduardo Argentino Zenteno (exsecretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes) y Carlos Daniel Leiva (exdirector de Redes), cuyas situaciones procesales continuarán tramitándose por la vía ordinaria.
El trasfondo de la estafa: sobrefacturaciones y desvíos
Las pesquisas del Ministerio Público Fiscal determinaron la existencia de una organización delictiva coordinada que ejecutó un total de 13 maniobras ilícitas, provocando un desfalco calculado inicialmente en $128 millones de pesos. El esquema se sostenía mediante la distribución de roles específicos para falsear prestaciones operativas:
·Maquinaria inexistente: La banda emitía certificaciones contables por "horas fantasma" de alquiler de equipos viales que jamás prestaron servicios para la comuna.
·Apropiación de recursos: Se constató la extracción y disposición ilegítima de áridos pertenecientes a la cantera de propiedad municipal para beneficio del comercio privado.
La causa judicial penal penal se había iniciado a partir de una denuncia formal efectuada por el actual jefe comunal de Andacollo, Manuel San Martín.
Reglas de conducta y calificaciones penales
Durante la audiencia de formulación, la jueza de garantías interviniente homologó el acuerdo tras recibir el visto bueno del fiscal jefe Fernando Fuentes y de la querella municipal.
Para sostener el beneficio de la SJP —herramienta exclusiva para personas sin antecedentes penales previas y cuyos delitos imputados no revistan penas de prisión efectiva—, los comerciantes deberán reportarse ante la Dirección de Población Judicializada, fijar residencia obligatoria y cumplir la prohibición de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas. Cualquier transgresión revocará de inmediato el pacto, enviándolos directo a juicio oral.
Los empresarios arrastraban duras acusaciones formuladas en noviembre del año pasado. Ambos compartían cargos por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita en concurso real. Asimismo, la Justicia los había encuadrado como partícipes necesarios en el delito de peculado, acusación que ahora queda en suspenso condicionado a que cumplan con el millonario depósito y las pautas de comportamiento fijadas por el tribunal.
