Los suboficiales de la Brigada Motorizada evitaron la cárcel al firmar un juicio abreviado. Deberán pagar multas millonarias, quedaron inhabilitados para ejercer funciones públicas y uno de ellos sumó una pena por golpear a un detenido.

Dos agentes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I de Santa Fe recibieron penas de ejecución condicional tras admitir que extorsionaron y le sustrajeron 1.500 dólares a un conductor durante un retén vial en la capital provincial. Si bien la resolución judicial les permitirá mantener la libertad, ambos quedaron exonerados de la fuerza y obligados a pagar multas de 1.200.000 pesos cada uno.

La sentencia fue homologada por la jueza Rosana Carrara en los tribunales santafesinos, mediante la validación de un acuerdo de procedimiento abreviado entre las defensas y la fiscalía. El suboficial Pablo Tomás Pérez aceptó una pena de tres años de prisión en suspenso, mientras que Leandro Nahuel Cárdena fue penado con dos años y seis meses bajo la misma modalidad. Asimismo, la magistrada les fijó una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de sus respectivas condenas.

El caso fue coordinado por el fiscal Ezequiel Hernández, quien confirmó que la víctima recuperó la totalidad del dinero en efectivo poco después del incidente gracias al rápido accionar de la Unidad Especial de Asuntos Internos. El damnificado participó de la audiencia y prestó su consentimiento al cierre de la causa.
Amenazas cruzadas y pánico en el retén

El hecho delictivo ocurrió el pasado 3 de julio cerca de las 19:00 horas, en momentos en que Pérez y Cárdena patrullaban la zona de bulevar Pellegrini y San Lorenzo. En ese punto interceptaron la marcha de un automóvil en el que viajaban un hombre y su hijo menor de edad, simulando una inspección de rutina.

Tras revisar el habitáculo y hallar fajos de pesos y moneda extranjera, los uniformados amedrentaron al conductor asegurando que era ilegal trasladar esos montos. Bajo amenazas de arrestarlo, dejar al niño a disposición de los organismos de Niñez y advertirle que terminaría "dentro de una bolsa" si denunciaba la maniobra, los policías doblegaron a la víctima.

Atemorizado, el conductor les entregó una primera suma de 400 dólares en la intersección de Luciano Molinas y Saavedra. Sin embargo, tras el alejamiento de los efectivos, constató que los agentes se habían apoderado de otros 1.100 dólares que guardaba ocultos debajo de una de las butacas del rodado. La inmediata denuncia ante Asuntos Internos permitió cercar a los involucrados y recuperar los billetes en su poder.

Un historial de violencia previa

Los expolicías reconocieron ante la Justicia su culpabilidad como coautores de los delitos de hurto calificado y exacciones ilegales agravadas, figuras agravadas por su condición de funcionarios de seguridad.

El escenario procesal resultó más complejo para Pablo Tomás Pérez, quien además validó su responsabilidad penal en carácter de autor del delito de vejaciones.

Esta imputación se desprendió de un operativo violento registrado el año pasado en la localidad vecina de Santo Tomé, donde el suboficial atacó a golpes de puño y codos en el rostro a un joven que se encontraba demorado por el presunto robo de una motocicleta.