El caso, que conmocionó profundamente a la sociedad neuquina y visibilizó la extrema vulnerabilidad de las identidades trans, movilizó a familiares, organizaciones sociales y compañeras de trabajo de la víctima, quienes se apostaron en las inmediaciones del edificio judicial para exigir justicia y una condena ejemplar. El proceso de debate oral y público se extenderá a lo largo de catorce jornadas consecutivas hasta el próximo 21 de octubre, con audiencias programadas desde las 8:30 horas.

Durante este extenso período, un tribunal popular compuesto por doce ciudadanos titulares y cuatro suplentes —luego de un riguroso proceso de selección que demandó tres jornadas de recusaciones y entrevistas preliminares— tendrá la alta responsabilidad de escuchar las declaraciones de más de 70 testigos y peritos, además de analizar la profusa evidencia científica reunida durante la etapa de instrucción.

La postura de la fiscalía y la querella: pedido de prisión perpetua por un crimen de odio

Durante los alegatos de apertura presentados ante el jurado, el ministerio público fiscal, representado por el fiscal jefe Agustín García y la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, junto con los representantes de la querella, expusieron una sólida teoría del caso. Sostienen que el homicidio de Azul Semeñenko —cometido entre el 25 de septiembre y el 14 de octubre de 2025— debe ser encuadrado legalmente como un homicidio triplemente agravado por el ensañamiento, por haber mediado violencia de género y por haber sido ejecutado con odio a la identidad de género, constituyendo un claro transfemicidio.

La acusación detalló ante los ciudadanos que componen el jurado que la víctima sufrió una agresión salvaje que incluyó golpes y al menos veinticinco puñaladas, provocando lesiones severas de tipo overkilling y una hemorragia masiva que comprometió órganos vitales como el corazón y la aorta. Para los fiscales, la prueba recabada, que incluye registros de cámaras de seguridad, pericias de ADN y rastros de sangre hallados en una camioneta blanca y en el domicilio del imputado, demuestra sin margen de duda la responsabilidad de Sánchez, motivo por el cual solicitarán una pena de prisión perpetua que asegure un cumplimiento efectivo superior a los treinta y cinco años.

La estrategia de la defensa y las polémicas previas al debate

En la vereda opuesta, la defensa técnica del acusado, a cargo del abogado Ezequiel Leanza, adoptó una estrategia que no discute la materialidad del homicidio, pero intenta morigerar drásticamente la responsabilidad penal de su representado. Los argumentos defensivos se centran en cuestionar la calificación legal propuesta por la acusación pública y privada, buscando convencer al jurado de que Sánchez actuó bajo un estado de emoción violenta, un recurso orientado a evitar la pena máxima prevista para los crímenes agravados. El camino hacia el juicio estuvo precedido por intensas disputas procesales.

Entre los puntos más álgidos de la etapa previa se destacó la controversia en torno a los múltiples llamados telefónicos registrados entre la defensa y una expareja del imputado, quien inicialmente había denunciado hechos de violencia de género pero posteriormente modificó su declaración.

Asimismo, los magistrados debieron intervenir para declarar la inexistencia de un aparente informe psiquiátrico aportado por la defensa que fue elaborado por una falsa médica carente de título habilitante, un escándalo que derivó en la apertura de un legajo judicial autónomo por ejercicio ilegal de la profesión. Con la prueba ya admitida y los alegatos iniciales concluidos, el debate ingresa en su etapa decisiva.

El veredicto que emita el jurado popular marcará un hito fundamental en la jurisprudencia de la provincia de Neuquén respecto al tratamiento judicial de los crímenes de odio y la protección judicial de los derechos de las diversidades.