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La fiscal del caso, Lorena Juárez, reformuló los cargos contra M.B.C. por la muerte de Lucas Antonio Méndez, ocurrida en junio en el barrio Villa Ceferino. Se incorporó el agravante por el vínculo, lo que eleva significativamente la pena en expectativa, y se prorrogó la prisión preventiva por dos meses.

En una audiencia realizada este lunes, la fiscal del caso Lorena Juárez, junto al asistente letrado Maximiliano Jávega, logró que la Justicia avalara la reformulación de cargos contra M.B.C., imputada por el homicidio de su pareja, Lucas Antonio Méndez, registrado el pasado 21 de junio en una vivienda del barrio Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén.
Modificación de la calificación legal y escala penal

Si bien la fiscalía mantuvo la figura del homicidio preterintencional, el planteo central consistió en incorporar el agravante por el vínculo, contemplado en el artículo 82 del Código Penal.

Este cambio procesal modifica sustancialmente la gravedad del escenario judicial para la acusada:

Calificación anterior: Preveía una escala penal de 1 a 3 años de prisión.

Nueva calificación agravada: Eleva la pena en expectativa de 10 a 25 años de prisión.

Durante la audiencia, la defensa cuestionó la reformulación; sin embargo, la jueza interviniente rechazó el planteo al considerar que en esta etapa de la investigación no existía un perjuicio constitucional y avaló la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La dinámica del hecho según la investigación

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el MPF, los sucesos se desencadenaron la noche del 21 de junio. Alrededor de las 20:30 horas se produjo una fuerte discusión en el domicilio de la víctima, en la que intervinieron la imputada y familiares de Méndez, lo que motivó la presencia policial y el retiro temporal de la mujer del lugar.

Horas más tarde, M.B.C. regresó al domicilio, donde se reanudó la pelea física con su pareja. Según la acusación, la mujer tomó un destornillador que llevaba en su mochila y golpeó a Méndez en la cabeza, dejándolo inconsciente. Al ser interceptada por la madre de la víctima en el lugar, la imputada le habría confeso el ataque con una violenta frase. La víctima fue derivada de urgencia al hospital Castro Rendón, donde se constató su fallecimiento.

Los peritajes médicos y forenses determinaron que el destornillador en sí mismo no presentaba características idóneas para provocar las lesiones cerebrales fatales. Por este motivo, la hipótesis fiscal sostiene que el golpe inicial generó la pérdida de conciencia y que, al caer desvanecido contra una superficie dura, el hombre sufrió el impacto letal que derivó en su muerte.
Prórroga de la prisión preventiva

Además de la ampliación de cargos, la fiscal Juárez solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de dos meses, fundamentando su pedido en la existencia de riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento, así como de resguardo para los familiares de la víctima.

El Ministerio Público acreditó que la imputada había incumplido desde agosto la obligación de presentarse tres veces por semana ante el organismo, motivo por el cual fue declarada en rebeldía y permaneció prófuga hasta ser recapturada el pasado 25 de septiembre. Asimismo, se probó que intentó contactar a allegados de la víctima pese a regir una prohibición expresa de acercamiento y contacto.

Pese a que la defensa solicitó que la medida cautelar se limitara a un mes, la magistrada valoró el agravamiento de la escala penal, el incumplimiento previo de las pautas de conducta y la conducta elusiva de la imputada, ordenando mantener la prisión preventiva por el término de dos meses.