Un episodio de extrema tensión se desató en las instalaciones de la Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co, luego de que un grupo de internos protagonizara una serie de disturbios en el interior de uno de los pabellones. La protesta incluyó gritos, golpes contra las puertas, patadas y el lanzamiento de diversos objetos y agua hacia el personal penitenciario. A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades del área de seguridad confirmaron que el conflicto no escaló a un motín generalizado y logró ser contenido tras varias horas de negociación, finalizando sin personas heridas.
Los hechos comenzaron este martes, alrededor de las 19:10, durante las tareas rutinarias de control correspondientes al cambio de guardia. En ese momento, los efectivos detectaron una irregularidad al advertir que el candado de una celda que se encontraba desocupada había sido abierto. Ante este hallazgo, los agentes procedieron a realizar una revisión general del sector y el recuento reglamentario de los internos alojados en el pabellón, que cuenta con una capacidad para nueve plazas y albergaba a siete personas.
El punto crítico de los incidentes se produjo cuando se habilitó la salida de los reclusos hacia el patio. En ese instante, los detenidos comenzaron a manifestarse de manera violenta con gritos, insultos y agresiones físicas contra las estructuras del edificio, lo que motivó que los agentes se replegaran preventivamente de los pasillos para evitar lesiones y convocar a las máximas autoridades del establecimiento.
El comisario Carlos Furlon, coordinador operativo del Departamento de Seguridad Interior, descartó categóricamente que se haya tratado de un motín y precisó que la medida de fuerza estuvo limitada exclusivamente al pabellón involucrado. Según detalló el funcionario, el jefe de la unidad intentó inicialmente restablecer el orden mediante el diálogo directo, aunque las conversaciones iniciales no prosperaron.
Cerca de las 22:00 y 23:00 horas, el propio Furlon se apersonó en el sector acompañado por personal de apoyo de otras dependencias. Tras un prolongado proceso de mediación y diálogo que se extendió hasta pasada la medianoche, los internos finalmente depusieron su actitud. El operativo concluyó cerca de las 0:30 con el aseguramiento de la celda afectada y el cierre definitivo de los pabellones, retomando la unidad su funcionamiento habitual.
El episodio también dejó al descubierto la utilización de teléfonos celulares por parte de los internos, cuyas imágenes circularon públicamente registrando los momentos de mayor tensión desde distintos ángulos dentro del pabellón. Al ser consultado sobre esta situación, Furlon reconoció la tenencia de estos dispositivos y explicó que su ingreso autorizado se remonta al año 2020, en el contexto de la pandemia de coronavirus, cuando se habilitó su uso para facilitar el vínculo de las personas detenidas con sus familias frente a las restricciones sanitarias vigentes en ese entonces.
Si bien con el paso del tiempo la normativa comenzó a ser regulada de forma más estricta, el funcionario admitió que los controles de requisa continúan enfrentando dificultades operativas, especialmente en los controles vinculados con familiares que ingresan a las unidades. Pese a que los teléfonos se encuentran formalmente prohibidos por reglamento, el caso puso nuevamente en evidencia los desafíos cotidianos que enfrenta el sistema penitenciario en materia de seguridad y control de elementos no permitidos.
