El fiscal jefe Pablo Vignaroli cuestionó duramente la resolución de la jueza de garantías Natalia Pelosso, quien rechazó llevar a juicio a siete de los ocho acusados por el desvío millonario de fondos públicos entre 2022 y 2023.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén confirmó que presentará una formal impugnación contra la resolución adoptada por la jueza de garantías Natalia Pelosso, la cual dejó al borde del cierre la causa por el presunto desvío de más de $1.200 millones de las arcas provinciales durante el período 2022-2023, vinculado a la cooperativa Viento Sur y a exfuncionarios del Ejecutivo.

El anuncio fue realizado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli luego de una tensa audiencia de control de acusación en la Ciudad Judicial. En dicha instancia, la magistrada dispuso el sobreseimiento total y definitivo de los exministros de Desarrollo Social y Trabajo, Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes estaban acusados como coautores de administración fraudulenta.
Suspensiones de juicio y un único envío a debate

La decisión de la jueza Pelosso también alcanzó a otros cinco imputados vinculados a la cooperativa y a organizaciones de la sociedad civil (S.E.B., L.L.V., B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S.). Para ellos, el tribunal otorgó una Suspensión de Juicio a Prueba (probation), imponiendo plazos de un año y medio, trabajos comunitarios y resarcimientos económicos de entre 2 y 3 millones de pesos.

De este modo, de las ocho personas que el MPF había llevado a la instancia de acusación, siete quedaron desvinculadas de la órbita de juzgamiento, y sólo una de ellas (identificada como D.M.) deberá afrontar un juicio ante un tribunal colegiado.
Críticas del fiscal y argumentos de la fiscalía

Vignaroli calificó los fundamentos de la jueza como “pobres y no jurídicos”, cuestionando el uso de expresiones desacertadas durante la audiencia —como calificar el planteo fiscal de “gran bolsa de gatos”— y advirtiendo que se incurrió en un “juicio por adelantado sin valorar la prueba en la etapa que corresponde”. El MPF tiene un plazo legal de diez días para interponer el recurso ante un Tribunal de Impugnación (T.I.).

La teoría del caso elaborada por la fiscalía —y avalada por la Fiscalía de Estado como querellante— sostiene que los exministros omitieron controles elementales y desatendieron advertencias de la Contaduría General de la Provincia al autorizar desembolsos millonarios destinados supuestamente a pagos de sueldos para más de 1.000 personas que carecían de respaldo contractual, planes de acción o rendiciones válidas.