El Ministerio de Seguridad anunció el decomiso de un presunto Botín de 1.200 millones de pesos en Caleta Olivia. Sin embargo, la defensa del investigado negó rotundamente que las piezas sean de metal precioso y denunció irregularidades en los allanamientos.

El expediente que investiga la muerte de Mario “Pato” García —quien había denunciado la existencia de zonas liberadas antes de ser hallado sin vida— sumó un nuevo capítulo de tensión tras una serie de procedimientos ordenados en la localidad de Caleta Olivia.

La controversia se desató luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación difundiera a nivel federal el secuestro de cuatro supuestos lingotes de oro con un peso superior a los dos kilos y medio, asignándoles un valor estimado en más de 1.200 millones de pesos. Los elementos fueron descubiertos por personal de la Prefectura Naval Argentina en el depósito de un inodoro en desuso.

No obstante, el abogado defensor del principal sospechoso (Carlos Álvarez), Marcelo Fernández, salió al cruce del comunicado oficial y desmintió de manera tajante el valor atribuidos a los objetos:

"El supuesto oro, que no es oro, cien por cien garantizado que no es oro; hay que ver en el análisis de qué se trata, pero el resultado va a dar seguramente negativo porque no es oro", aseveró el letrado ante la prensa provincial.

De acuerdo con la versión de la defensa, los bloques metálicos carecen de valor comercial y corresponden a un objeto familiar heredado del bisabuelo de su cliente, el cual era utilizado como un simple pisapapeles dentro de una edificación abandonada.
Cuestionamientos a la labor de las fuerzas y los secuestros

Además de descartar el hallazgo del botín millonario, el abogado cuestionó el accionar del operativo desplegado a nueve meses de iniciado el expediente penal. Fernández criticó la incautación de teléfonos móviles adquiridos recientemente por la familia, señalando que la medida genera un perjuicio innecesario.

Asimismo, la representación legal objetó:

El secuestro del automóvil particular que utiliza la esposa del imputado para trasladarse a dar clases como docente a las localidades de Fitz Roy y Jaramillo.

La incautación de casquillos y vainas servidas pertenecientes a una colección antigua de su defendido, elementos que —según indicó— ya habían sido fiscalizados en peritajes previos sin que se les otorgara relevancia probatoria.

Para finalizar, el letrado precisó la competencia institucional del expediente para evitar confusiones sobre la jurisdicción: remarcó que las tareas ejecutadas por la Prefectura Naval respondieron a una colaboración requerida por el Juzgado de Instrucción a cargo del juez Pérez Soruco, por lo que la causa por la muerte de García continúa tramitándose estrictamente en el fuero provincial santacruceño, a la espera de las pericias químicas que determinen la composición real del material incautado.