Un relevamiento institucional presentado por las autoridades neuquinas expone el impacto de las intervenciones contra la venta ilícita de sustancias a pequeña escala en la zona de Añelo. El informe, que contempla el trabajo realizado por el área antidrogas entre finales de febrero de 2025 y el cierre de septiembre de 2026, contabiliza más de setenta registros domiciliarios y la clausura de dos puntos de expendio.
Como resultado de estos procesos judiciales, diez implicados ya recibieron sentencia condenatoria, en tanto que otros dieciséis se encuentran privados de la libertad bajo régimen cautelar (ocho en establecimientos penitenciarios y ocho con modalidad domiciliaria). La labor operativa incluyó asimismo cuatro inspecciones específicas apoyadas por la brigada canina.
Detalle de los bienes e insumos incautados
Durante las incursiones policiales se logró retirar de circulación diversos elementos vinculados al tráfico local:
Sustancias prohibidas: Más de 10,5 kilos de marihuana, algo más de 4,6 kilos de cocaína y dosis menores de drogas de diseño (éxtasis).
Arsenal y transporte: Un total de 20 piezas de fuego, por encima de 900 cartuchos útiles y 32 unidades automotrices incautadas.
Valores monetarios: Sumas en efectivo que superan los 57,7 millones de pesos, junto a un remanente en moneda estadounidense.
Este despliegue se enmarca en la aplicación de la normativa 3488, marco legal mediante el cual la jurisdicción provincial asumió el juzgamiento directo de estos ilícitos, optimizando el trabajo articulado con el fuero fiscal.
Seguridad adaptada al desarrollo de Vaca Muerta
El incremento demográfico e industrial derivado del polo hidrocarburífero ha transformado la dinámica social de Añelo, demandando una reestructuración en la prevención del delito. Frente a este escenario, el titular de la cartera de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia de descentralizar la fuerza policial para equiparar la cobertura operativa en todo el territorio.
Desde la gobernación encabezada por Rolando Figueroa se impulsa un esquema de regionalización orientado a proveer tecnología, formación e infraestructura equitativa a cada municipio, evitando disparidades en la protección ciudadana en función del tamaño urbano.
