
Un grave episodio de violencia digital y acoso entre pares derivó en una causa penal en el fuero juvenil, luego de que los progenitores de una estudiante de 17 años denunciaran la difusión no consentida de material íntimo de la menor. La investigación, encabezada por el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez junto a la asesora de Menores Carolina Acuña Barrionuevo, señala a tres compañeros de una institución educativa privada por el origen de la divulgación.
Pese a la apertura de las actuaciones judiciales a mediados de año, la querella —asumida por la madre de la víctima en su rol de abogada representante— presentó nuevas pruebas que demuestran la continuidad del amedrentamiento en entornos presenciales, puntualmente durante el viaje de egresados de la promoción.
Del entorno virtual al acoso presencial en el viaje de graduados
Según los escritos agregados al expediente, la exposición del video fue utilizada por varios estudiantes para promover burlas y agresiones verbales hacia la víctima mientras compartían la estadía de fin de curso, viaje al que asistieron dos de los jóvenes imputados.
Durante la estadía, la menor notificó a su familia sobre situaciones de violencia grupal dirigidas por otras alumnas del mismo colegio. Las agresiones incluyeron descalificaciones sobre su aspecto físico y alusiones directas al material íntimo difundido para provocarle malestar emocional.
La situación cobró mayor gravedad institucional tras la divulgación de videos en redes sociales donde una de las agresoras relata y celebra los ataques perpetrados contra su compañera:
Admisión de violencia física y verbal: En las grabaciones, la adolescente reconoce haber arrojado agua sobre la víctima e impulsado cánticos ofensivos sobre su cuerpo.
Resistencia a detener el acoso: La participante admitió que integrantes varones del grupo sugirieron frenar el hostigamiento debido al llanto de la joven, acción que fue desestimada por las agresoras.
Disfrute del daño ajeno: En sus publicaciones, la estudiante afirmó haber disfrutado la crisis nerviosa generada a su compañera, justificando las burlas en base al video privado previamente filtrado.
La querella remarcó que la difusión del contenido no constituye un hecho aislado, sino la causa directa de una cadena de humillaciones recurrentes que afectan la vida cotidiana y la salud mental de la damnificada.
Protocolos de actuación y marco normativo en las aulas
El caso reabrió el debate sobre la respuesta de las comunidades educativas frente al ciberacoso y su derivación en las aulas. Herramientas pedagógicas como la Guía Ema establecen pautas precisas para intervenir ante la violencia digital, enfatizando la contención de la víctima, la protección contra la revictimización y el abordaje de las dinámicas grupales.
A nivel legislativo, la provincia de Catamarca dispone de la Ley Provincial 5.402, orientada a prevenir y erradicar el acoso escolar en establecimientos públicos y privados, sumada a la Ley Provincial 5.385, que crea programas de capacitación sobre el uso responsable de las tecnologías de la información para docentes y alumnos. Asimismo, se encuentra vigente el Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas, normativa diseñada para activar mecanismos de resguardo inmediato ante episodios de ciberacoso.
