La Justicia federal dictó una sentencia de un año y tres meses de prisión en suspenso, sumada a una inhabilitación especial por dos años y medio, contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Rivaldi. El agente fue hallado culpable de haber atacado con gas irritante a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre, Carla Pegoraro, durante la movilización de septiembre de 2024 en rechazo al veto presidencial a la reforma jubilatoria.
El fallo fue emitido este miércoles por el juez federal Daniel Rafecas tras un juicio oral desarrollado en una única audiencia en los tribunales de Comodoro Py. El magistrado encontró a Rivaldi penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves, ordenando además que fije domicilio y quede sujeto a la supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Los fundamentos completos de la resolución serán dados a conocer el próximo 17 de noviembre.
Por su parte, el fiscal Eduardo Taiano había solicitado una pena de un año y seis meses de cárcel, mientras que la querella había requerido un año y ocho meses. Tras conocerse el veredicto, el abogado querellante Gregorio Dalbón valoró la resolución judicial y anticipó que avanzarán sobre las responsabilidades políticas del operativo: “Esta es la primera condena por la represión del gobierno de Milei, y no va a ser la última. Ahora vamos por Patricia Bullrich y por Alejandra Monteoliva. La condena de hoy es el piso, no el techo. El que apretó el gas ya fue condenado”.
La reconstrucción del ataque y las pruebas del expediente
Los hechos juzgados se remontan al 11 de septiembre de 2024, jornada en la que organizaciones sociales, gremios y jubilados se manifestaban en las inmediaciones del Parlamento contra el veto a la ley que establecía un aumento del 8,1% en los haberes previsionales.
De acuerdo con lo acreditado en la causa, ambas víctimas permanecían sentadas sobre la avenida Rivadavia y de espaldas al cordón policial cuando Rivaldi, integrante de la división de control de multitudes, les disparó el aerosol químico a escasa distancia. A raíz de la agresión, debieron recibir primeros auxilios en el lugar y, 48 horas más tarde, la menor fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía. “Quiero aclarar que tanto mi hija como yo fuimos gaseadas, y eso nos causó una gran irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo”, había testificado Carla Pegoraro.
Aunque durante la etapa de instrucción el uniformado argumentó no haber notado la presencia de la menor asegurando que “si hubiera visto a una niña entre los revoltosos la hubiera sacado de allí para evitar que fuera lesionada”, los registros fílmicos incorporados al expediente desmintieron su versión. Las imágenes confirmaron que el efectivo tenía el visor del casco levantado, miró hacia donde estaban las víctimas y desoyó los gritos de los presentes que alertaban sobre la niña, accionando el dispositivo “de forma desmedida e injustificada” y vulnerando los protocolos de uso racional de la fuerza.
