Estela Chávez tiene más de 65 años, cobra la jubilación mínima y vive en un barrio popular de San Fernando junto a una de sus nietas. Tras haber trabajado durante años como empleada doméstica y haberse jubilado mediante una moratoria, la crisis económica y el costo del transporte la obligaron a dejar su empleo. Hace un mes, su vida dio un giro drástico cuando fue detenida por intentar llevarse un corte de carne de un supermercado de cadena, sin siquiera llegar a cruzar la línea de cajas.

Desde entonces, Estela se encuentra privada de su libertad en la Alcaidía N.º 15, ubicada en el barrio porteño de Chacarita. El establecimiento, concebido como un espacio de tránsito donde las personas deberían permanecer entre 24 y 72 horas, carece de la infraestructura adecuada para sostener la vida cotidiana. Según denunció su familia, la jubilada comparte celda con otras internas en condiciones precarias, lo que derivó en complicaciones de salud, como infecciones urinarias y problemas pulmonares agravados por el humo del entorno.

El caso tramita bajo la causa CCC 52837/2026 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25, con la intervención de la Defensoría Pública Oficial N.º 15. Si bien el delito de tentativa de hurto contempla una pena menor y los plazos procesales estipulaban una rápida resolución, la situación judicial de Estela se empantanó debido a una causa similar abierta en 2025. Recién a finales de octubre la justicia dictó la prisión preventiva, a pesar de que en ambas oportunidades el hurto no llegó a consumarse.

Mariano Franco, hijo menor de Estela, relata la angustia que atraviesa la familia ante la falta de respuestas definitivas. Desempleado recientemente y dedicado a buscar nuevas oportunidades laborales, Mariano se encarga de acercarse una vez por semana a la alcaidía para dejarle ropa limpia, artículos de higiene y alimentos, aunque el régimen del lugar le impide verla personalmente.

Organismos como el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires ya habían advertido previamente sobre el incremento en la cantidad de mujeres alojadas en alcaidías de tránsito y los prolongados plazos de permanencia, que en muchos casos superan ampliamente los límites previstos. Mientras las defensas y los familiares continúan reclamando el cese de la detención y evalúan alternativas como la prisión domiciliaria, el caso vuelve a poner en debate los límites del sistema penal frente a la vulnerabilidad social y la subsistencia de los sectores pasivos.