La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la sentencia de seis años de prisión efectiva para un integrante de Gendarmería Nacional que colaboraba con una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. El efectivo facilitaba datos sensibles sobre operativos viales y tareas de inteligencia para garantizar el traslado de cargamentos de marihuana que, desde el noreste argentino, tenían entre sus puntos de distribución a la localidad santafesina de Roldán.
El fallo del máximo tribunal desestimó por cuestiones formales el recurso presentado por la defensa de Lucas Alejandro Llopiz, dejando ejecutables las resoluciones previas dictadas por el Tribunal Oral Federal de Corrientes en agosto de 2023 y avaladas por la Cámara Federal de Casación Penal en mayo de 2024. El uniformado fue hallado penalmente responsable del delito de confabulación en calidad de autor.
El rol dentro de la fuerza y la ruta de la droga
De acuerdo con las pruebas reunidas en el expediente judicial, Llopiz se valía de su puesto en la Sección Antidrogas Ituzaingó para mantener contacto fluido con José Alberto Laurencio, identificado como uno de los cabecillas de la banda. Entre los aportes clave del gendarme se comprobó la entrega de información sobre los vehículos encubiertos empleados en las pesquisas, lo que otorgaba a los traficantes una ventaja operativa para evadir retenes o alterar sus trayectos.
La pesquisa judicial logró trazar el recorrido completo de los estupefacientes:
Ingreso y acopio: La marihuana cruzaba desde Paraguay hacia la costa misionera del río Paraná, a la altura de Cerro Corá, para ser almacenada temporalmente en depósitos de Posadas.
Distribución nacional: Desde Misiones, los cargamentos se despachaban por tierra hacia tres centros de comercialización definidos: Roldán (en el departamento San Lorenzo, dentro del cordón metropolitano de Rosario), Gualeguaychú (Entre Ríos) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para burlar la vigilancia en las rutas, la estructura criminal desplegaba un esquema logístico complejo que combinaba autos “punteros” encargados de vigilar el camino, vehículos sanitarios y camiones que transportaban cargas lícitas como pantalla para ocultar la droga.
El origen de la causa y un secuestro de casi cuatro toneladas
La investigación se puso en marcha en marzo de 2017 a raíz de una denuncia anónima que aportó datos precisos sobre un operativo realizado en el puesto fijo Paraje Cuay Grande, ubicado en el kilómetro 669 de la Ruta Nacional 14, en Santo Tomé (Corrientes).
En aquella oportunidad, personal del Escuadrón 57 detuvo la marcha de un camión Scania con semirremolque y halló ocultos 4.631 panes de marihuana, que arrojaron un pesaje total de 3.985,355 kilos. El decomiso de ese cargamento de casi cuatro toneladas resultó el punto de partida para desarticular los eslabones de la red y detectar la complicidad interna dentro de la propia fuerza de seguridad.
Con la resolución definitiva de la Corte Suprema, se cierra el capítulo judicial para Llopiz y queda asentado en el fuero federal el alcance de una maniobra que conectaba la frontera paraguaya con el sur santafesino mediante la filtración de información oficial.
