
El Tribunal de Impugnación de Neuquén hizo lugar al planteo de la fiscalía y declaró la nulidad de la resolución dictada por la jueza Natalia Pelosso. Consideraron que la magistrada valoró pruebas que correspondían a la etapa de juicio, sobreseyó a exfuncionarios y afectó la autonomía del Ministerio Público Fiscal en una causa por presunta corrupción.
Un nuevo y fuerte giro procesal sacude al denominado legajo "Viento Sur" en la provincia de Neuquén. Por mayoría, el Tribunal de Impugnación declaró la nulidad de la audiencia de control de acusación y de la resolución dictada el pasado 5 de octubre por la jueza de garantías Natalia Pelosso, disponiendo que todo se retrotraiga y se celebre una nueva audiencia ante un juez o jueza diferente.
La decisión judicial se originó a partir de los recursos presentados por la fiscal del caso, Rocío Rivero, y por el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, quienes cuestionaron duramente un conjunto de medidas adoptadas por la magistrada que, a su entender, alteraron los límites de su intervención, modificaron el alcance de la acusación y provocaron un perjuicio irreparable para el ejercicio de la acción penal. La postura del Ministerio Público Fiscal contó, además, con la adhesión de la Fiscalía de Estado a través del querellante institucional Gustavo Kohon.
Las objeciones de la fiscalía: sobreseimientos, testigos excluidos y salidas alternativas
Durante las audiencias que derivaron en el fallo, los fiscales expusieron los puntos más críticos de la resolución de Pelosso. Entre ellos, destacaron que la jueza había declarado parcialmente nulo el requerimiento fiscal y sobreseído a los exfuncionarios Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino.
Asimismo, objetaron que la magistrada modificara por propia cuenta las calificaciones legales y los grados de participación de los imputados —descartando la coautoría y la participación necesaria planteada por el MPF— para, a partir de allí, conceder suspensiones de juicio a prueba a pesar de la oposición rotunda de la fiscalía, debido a la gravedad de los hechos investigados (una presunta maniobra de corrupción con perjuicio económico para el Estado).
Otro de los agravios centrales radicó en la exclusión de una testigo clave para la teoría del caso del organismo fiscal, cuyo testimonio resultaba indispensable para esclarecer el funcionamiento interno de la cooperativa Viento Sur y determinar el rol y poder de decisión de los involucrados. Para la fiscalía, impedir su ingreso al debate privó al acusador de los elementos mínimos necesarios para sostener la acusación.
El fallo del Tribunal: exceso de facultades y anticipo de juicio
Al fundamentar el voto de la mayoría, la jueza Estefanía Sauli concluyó que durante la audiencia de control se registró “un exceso en las facultades” legales previstas para dicha instancia. Sauli señaló que la magistrada de garantías valoró evidencia controvertida y tomó decisiones de fondo que requerían indefectiblemente un debate propio de un juicio oral, donde imperen los principios de inmediación y contradicción entre las partes.
En el mismo sentido adhirió el juez Federico Sommer, quien remarcó que el Código Procesal Penal fija límites claros para la etapa intermedia y que la jueza incurrió en una anticipación de valoraciones sobre el mérito de la acusación que correspondían estrictamente a un tribunal de juicio.
Por su parte, la disidencia estuvo a cargo del juez Richard Trincheri, quien votó por confirmar el fallo de Pelosso al argumentar que la magistrada actuó a petición de las defensas y que los tópicos vinculados a la suficiencia de la acusación y los grados de participación podían ser debatidos en esa instancia.
Con el voto mayoritario consolidado, el Tribunal decretó la nulidad de la resolución del 5 de octubre y de las actuaciones precedentes ligadas a la misma, ordenando a la Oficina Judicial el reenvío del legajo para la designación de un nuevo juez o jueza de garantías que deberá encabezar una nueva audiencia.
