La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó hoy un amparo sindical ante la Justicia para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 del Gobierno nacional, que a su criterio "es una limitación total al Derecho de Huelga que está en la Constitución nacional y en normativas internacionales". La acción legal fue radicada en el Juzgado Laboral Nº 3, a cargo de Moira Fullana.
La central obrera había anticipado la medida la semana pasada, luego de la publicación del DNU en el Boletín Oficial. Andrés Rodríguez, secretario general adjunto de la CGT y titular de UPCN, sostuvo que la nueva norma "es revivir el DNU 70/23", que ya se encuentra paralizado por una medida cautelar judicial.
"Nosotros vamos a volver a recurrir a la Justicia, estamos preparando la impugnación para presentar", había adelantado el dirigente estatal. Rodríguez enfatizó que "el derecho de huelga es un elemento que tienen los trabajadores cuando no hay diálogo, como está pasando ahora. Es un elemento constitucional y hace a las normas institucionales".
El gremialista denunció que el Gobierno está "intentando generar un clima adverso y que confunde", y remarcó que "el Derecho de Huelga no se puede vulnerar porque sí". Asimismo, aseguró que la CGT viene reclamando "la necesidad de una mesa de diálogo y no pasa", ya que "nadie" los ha convocado. En ese marco, recordó que la central obrera "acaba de terminar un plan de lucha por la pérdida de nivel de ingreso donde se obliga a aumentar salarios por debajo de la inflación y que culminó con un paro nacional".
El DNU 340/2025, publicado el pasado miércoles por el Poder Ejecutivo, establece un límite al derecho de huelga en actividades consideradas esenciales, que a partir de ahora deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre el 50% y el 75% en caso de conflicto sindical.
Entre los servicios y actividades incluidos en esta categoría, la norma abarca:
Servicios sanitarios, transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, y servicios farmacéuticos.
Producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica.
Servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales.
Aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario.
Servicios aduaneros y migratorios.
El cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial.
Transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, entre otros.
La CGT busca con este amparo dejar sin efecto una medida que considera un ataque directo a los derechos laborales consagrados.
