El dirigente social Juan Grabois fue detenido en la tarde de este sábado durante la ocupación del edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas cuya disolución fue anunciada esta semana por el Gobierno de Javier Milei. La acción, que involucró a unos 50 militantes y legisladores, culminó en un operativo de desalojo por parte de la Policía Federal que derivó en incidentes.
La alta tensión política se vivió cuando Grabois, referente del Frente Patria Grande, ingresó al inmueble ubicado en el corazón de la capital alrededor de las 14 horas, acompañado por los diputados nacionales de Unión por la Patria, Itai Hagman y Natalia Zaracho, el senador bonaerense Federico Fagioli y la diputada provincial Lucía Klug.
Tras su aprehensión y desde el patrullero, Grabois habría enviado un mensaje directo al presidente. El incidente marca un nuevo escalamiento en la confrontación entre el Gobierno y sectores de la oposición, en el marco de las políticas de ajuste y reestructuración de organismos estatales.
Los activistas, todos miembros del Frente Patria Grande, accedieron al edificio a través de la cafetería “Un café con Perón” y, una vez en el interior, desplegaron desde los balcones banderas con consignas contundentes: “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.
“La juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita, donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón, disuelto ilegalmente por el régimen de Milei”, expresó Grabois en un mensaje publicado en su cuenta de X.
En su declaración, también hizo referencia a los bombardeos de 1955 contra la Plaza de Mayo y acusó al actual Gobierno de haber destruido estatuas de figuras peronistas hace apenas una semana.
La ocupación se produce en el marco de la polémica decisión del Gobierno de cerrar el Instituto Juan Domingo Perón y la Comisión Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Perón. El pasado 7 de mayo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida argumentando que ambas instituciones representaban “una carga presupuestaria injustificada”.
Según Adorni, el instituto, que empleaba a 20 personas y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos, no cumplía con su propósito de investigación histórica, destinando la totalidad de su presupuesto a salarios y mantenimiento.
El Gobierno aseguró que las investigaciones sobre Perón ya se realizan en universidades y otras instituciones académicas, libres de “condicionamientos estatales”.
Además, tras la disolución, se tomaron medidas para inventariar y resguardar el patrimonio del instituto, que será trasladado a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación.
En un comunicado oficial emitido tras la ocupación, la Casa Rosada condenó la irrupción de los militantes, destacando que las acciones de salvaguarda evitaron “el daño, destrucción o desaparición” del patrimonio histórico. “Quienes irrumpieron con violencia en el inmueble no representan los valores de preservación cultural”, señaló el texto.
