La Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ha emitido un duro comunicado en el que insta al Gobierno nacional a "rever las medidas anunciadas" en materia migratoria, promoviendo un modelo que concilie "legalidad, inclusión y derechos". Este nuevo texto, crítico con la administración de Javier Milei, señala que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica el régimen migratorio "pretende justificar reformas regresivas en nombre de la seguridad".
Esta postura de la Iglesia se suma a un creciente coro de voces eclesiásticas que han manifestado su preocupación por diversas políticas gubernamentales. Recientemente, la Comisión Permanente del episcopado católico exigió al Gobierno que cumpla su responsabilidad con las personas con discapacidad, y el obispo Raúl Pizarro, secretario general de la CEA, expresó solidaridad con el personal del Hospital Garrahan, considerando sus reclamos "justos e impostergables".
La inquietud del episcopado se ha evidenciado también en las palabras del arzobispo porteño Jorge García Cuerva, quien el 25 de mayo aseguró que "Argentina sangra inequidad" ante el propio presidente Milei. Obispos como Juan Martínez (Posadas), Juan José Chaparro y Oscar Miñarro (Merlo-Moreno), y la Comisión de Pastoral Social, hicieron pública su preocupación por los jubilados y criticaron la represión a manifestantes. En Quilmes, organismos de la diócesis denunciaron que el modelo actual "sólo genera exclusión y más pobreza" y "necesita de la violencia, la guerra y la represión para imponerse".
La cuestión migratoria: una defensa de la ley y los derechos
La Comisión de Pastoral de Migrantes e Itinerantes, tras su reunión en Luján, ha expresado su "preocupación ante el anuncio de modificaciones al régimen migratorio mediante el DNU 366/2025", argumentando que estas "afectan principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional y estigmatizan a quienes eligen habitar en nuestro país".
El organismo dependiente de la CEA recalca que "no se trata sólo de los migrantes, sino de ser fieles a la historia de nuestra Argentina". Enfatiza que la Ley de Migraciones vigente, elaborada con "profundo consenso democrático", es reconocida como un "modelo internacional por su enfoque humanitario que garantiza el respeto a los derechos humanos". Además, recuerda que dicha ley establece que "el derecho a migrar es esencial e inalienable de toda persona" y que "migrar no es un delito".
La declaración advierte que "un país que se cierra al mundo se empobrece no sólo demográficamente, sino también en lo cultural y en lo económico". Asimismo, sostiene que "todo delito debe ser prevenido y sancionado en el marco del derecho penal, sin recurrir a generalizaciones xenofóbicas o discriminatorias". Negar o dificultar el acceso de migrantes a la salud, educación o protección social, como sugiere la reforma, "no sólo vulnera tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino: vulnera nuestra humanidad".
Frente a este panorama, la comisión concluye que "la única respuesta sensata es la de la solidaridad y la misericordia" e insta a las autoridades a "rever las medidas anunciadas" y a "sostener el respeto irrestricto a la ley". La declaración cierra con un llamado a "seguir organizando la esperanza" y apoyar iniciativas solidarias con los más necesitados, incluyendo a los migrantes. Hasta el momento, el gobierno nacional no ha emitido una respuesta pública a ninguna de las demandas de la Iglesia.
