La Comisión Internacional Independiente de Investigación ha emitido un informe contundente donde acusa a las fuerzas de seguridad israelíes de cometer el "crimen de lesa humanidad de exterminio" al atacar a civiles refugiados en escuelas de Gaza. Los expertos, Navanethem Pillay (Sudáfrica), Millon Kothari (India) y Chris Sidoti (Australia), concluyeron que los incidentes investigados constituyen crímenes de guerra, incluyendo "dirigir ataques contra civiles" y "homicidio intencionado".
El informe detalla que más del 70% de los edificios escolares en Gaza han sufrido daños, y se ha creado una situación en la que la educación de más de 658.000 niños se ha vuelto imposible, con 18 meses sin clases. Las instalaciones educativas fueron blanco de ataques aéreos, bombardeos, incendios y demoliciones controladas. La Comisión sostiene que Israel ha implementado una política concertada para destruir los sistemas educativo y de salud de Gaza.
Desde el 7 de octubre de 2023, aproximadamente un millón de desplazados se han refugiado en instalaciones de la UNRWA. Hasta el 25 de marzo de 2025, 742 personas refugiadas en estos refugios perdieron la vida y otras 2.406 resultaron heridas. La educación de unos 87.000 estudiantes universitarios se vio afectada por la destrucción o daño de 57 edificios, incluyendo la demolición total del campus de la Universidad de Al-Azhar.
Entre el 7 de octubre de 2023 y el 25 de febrero de 2025, 403 de 564 edificios escolares en Gaza sufrieron impactos directos, con 85 completamente destruidos y 73 con al menos la mitad de sus estructuras dañadas. En estas escuelas, 16.275 docentes educaban a 435.290 alumnos. El saldo es devastador: 612 docentes y 190 miembros del personal académico universitario han muerto, y 2.769 docentes resultaron heridos.
Destrucción deliberada y "castigo colectivo"
La Comisión documentó varios incidentes donde las fuerzas de seguridad israelíes quemaron o demolieron escuelas, incluso vacías, calificando esta conducta de deliberada, innecesaria y violatoria del derecho internacional humanitario. Las declaraciones de los soldados implicados revelan una "clara intención de vengarse por el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, infligiendo un castigo colectivo a la población civil y causar destrucción gratuita".
Para la Comisión, estos actos evidencian la intención israelí de destruir estas instalaciones como centros educativos y de reducir a largo plazo el acceso de los palestinos a infraestructuras civiles esenciales, incluyendo la educación. Se prevé que esta destrucción del sistema educativo perjudicará a los palestinos por generaciones, retrasando hasta cinco años la educación de niños y jóvenes.
El informe también destaca los ataques y demoliciones de colonos que afectaron a 806.000 estudiantes, con 40.000 palestinos recientemente desplazados, impactando severamente el derecho a la educación de los niños. Israel, según la Comisión, ha hecho poco para evitar o procesar los ataques intencionados de colonos a centros educativos con el fin de aterrorizar a las comunidades y forzarlas a abandonar sus hogares.
Un ejemplo documentado es la demolición del campus de Al-Zahra de la Universidad de A-Israa y su museo el 13 de enero de 2024, por batallones de ingeniería bajo órdenes de un comandante que luego fue disciplinado por no contar con la aprobación debida.
Ataques a sitios culturales y religiosos: "claro desprecio"
Todas estas acciones, según la Comisión, constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a la educación. Las autoridades israelíes han "puesto en el punto de mira a educadoras y estudiantes, con la intención de disuadir a las mujeres de su activismo en lugares públicos", violando los derechos de mujeres y niñas.
Los daños a edificios históricos y patrimonio material tienen un "efecto cascada" que afecta profundamente elementos culturales inmateriales. "El gran número de lugares atacados indica un claro desprecio por las creencias religiosas, la cultura y el patrimonio del pueblo palestino y socava su cultura e identidad", subraya el informe.
La Comisión investigó diez lugares de interés cultural o religioso atacados, todos considerados bienes civiles y culturales bajo el derecho internacional. En cuatro casos (Gran Mezquita Omarí, Baños de los Samaritanos, mezquita de Saad al-Ghafari y Universidad de Israel con su museo), las fuerzas de seguridad israelíes alegaron objetivos militares sin aportar pruebas que justificaran la destrucción. La Comisión concluye que, dada la situación, la destrucción fue desproporcionada.
También se estima que las fuerzas israelíes "conocían o deberían haber conocido la ubicación y la importancia de lugares culturales destacados de Gaza" y deberían haber planificado operaciones para evitar daños. La Comisión determinó que no se tuvo especial cuidado en proteger estos sitios y su contenido.
La mayoría de los casos de demoliciones con explosivos y excavadoras constituyen crímenes de guerra: "dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos", "lanzar un ataque intencionalmente, conociendo que causaría daños a objetos civiles que serían manifiestamente excesivos", y "provocar una destrucción de bienes del enemigo sin una justificación que hiciera necesaria dicha destrucción".
La Comisión investigó tres ataques a sitios religiosos en Gaza (iglesia de San Porfirio, mezquita Ihya al-Sunna y mezquita de Saad al-Ghafari), que también servían de refugio para desplazados internos, causando más de 200 víctimas mortales, incluyendo mujeres y niños. La ONU valora que las fuerzas israelíes causaron daños desproporcionados intencionalmente, incurriendo en un crimen de guerra de "homicidio intencional" y el "crimen de lesa humanidad de exterminio".
Anexión ilegal y borrado de la identidad palestina
El informe califica las excavaciones arqueológicas israelíes bajo pretexto de "rescate" como ilegales y "actividades ilegales de asentamiento en flagrante desafío al derecho internacional humanitario".
Además, la Comisión dictaminó que la propuesta legislativa israelí para transferir la responsabilidad de los yacimientos culturales y arqueológicos de la Ribera Occidental a la Dirección de Arqueología de Israel es un "claro acto de anexión ilegal". Se considera que la "supresión de la historia y la explotación de la arqueología [...] enmascaran un programa subyacente de expansión de asentamientos y anexión ilegal".
Se denunciaron también "frecuentes incursiones militarizadas" en Al-Haram al-Sharif/Monte del Templo, en Jerusalén Oriental, provocando restricciones a la libertad religiosa y conflictos más amplios, lo que viola la obligación de la Potencia ocupante de respetar los lugares religiosos.
La Comisión reiteró su "honda preocupación" por las declaraciones de políticos israelíes que "descartan la existencia del pueblo palestino". Subraya que la conducta israelí hacia los lugares culturales y religiosos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Gaza, "es indicativa de una intención de marginar las reivindicaciones territoriales palestinas, impedir la práctica comunitaria de la religión y borrar las pruebas de la historia y la cultura palestinas".
Estos actos "socavan la identidad de los palestinos como pueblo y su supervivencia como tal", afirmando que, si bien la destrucción de bienes culturales no es un acto genocida en sí, puede "respaldar la hipótesis de que exista intención de cometer genocidio a fin de destruir a un grupo protegido".
Finalmente, la Comisión advierte que la "destrucción física de Gaza, el desmantelamiento de sus sistemas educativo y los ataques contra lugares de interés cultural religioso y cultural [...] no solo afectan a los palestinos en la actualidad, sino que también ponen en peligro el futuro del pueblo palestino, incluido su derecho a la libre determinación".
Recuerdan que la Corte Internacional de Justicia de la ONU en 2024 ya probó que Israel "había aplicado políticas ilegales y había privado –y seguía privando– al pueblo palestino de su derecho a la libre determinación".
El informe concluye alertando a la comunidad internacional que "el ataque y la destrucción de sitios patrimoniales, la limitación del acceso a estos sitios y el borrado de su heterogénea historia erosionan los lazos históricos de los palestinos con la tierra y debilitan su identidad colectiva. Estas prácticas, combinadas con la continua expansión de los asentamientos, violan el derecho de los palestinos a la libre determinación y disminuyen las perspectivas de que se establezca un Estado palestino viable".
