El Gobierno ha decidido postergar la definición de las numerosas vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías del pueblo, con la intención de reactivar el proceso recién después de octubre. Esta decisión obedece a una estrategia de negociación política, especialmente con la mira puesta en la Corte Suprema de Justicia.
En noviembre del año pasado, el Ejecutivo había anunciado el envío de los cargos judiciales disponibles, pero esos documentos nunca llegaron al Senado, el órgano encargado de su aprobación. A esto se suma el fracaso de la propuesta de ministros para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, cuyos pliegos fueron rechazados por la Cámara Alta, donde el kirchnerismo ostenta la mayoría.
La dimensión de las vacantes y el freno oficial
Según datos del Consejo de la Magistratura, actualmente existen 184 vacantes en juzgados federales y otras 127 en otras competencias. En el caso de los fiscales, hay 161 cargos disponibles, mientras que para las defensorías se registran 80 vacantes.
Integrantes del Poder Judicial han expresado la necesidad de cubrir rápidamente estos puestos para agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, la estrategia del Gobierno es precisamente la opuesta: mantener estas vacantes sin definir para utilizarlas como moneda de cambio en futuras negociaciones con la oposición y los gobernadores dialoguistas, en particular para la designación de los próximos miembros de la Corte.
La estrategia ante la mayoría Kircherista en el Senado
La táctica del oficialismo se explica por la mayoría que tiene el kirchnerismo en el Senado, bloque que puede reunir los dos tercios necesarios para bloquear cualquier iniciativa del Gobierno relacionada con la Corte.
En Casa Rosada, no obstante, no descartan la posibilidad de proponer la ampliación del máximo tribunal. Aunque el oficialismo no ha apoyado proyectos previos en el Congreso con este fin, sí sostiene que la Corte debe "tener más miembros para ser más representativa". Por ello, ven con buenos ojos ideas que plantean una Corte con siete o nueve miembros, lo que permitiría al Ejecutivo negociar la designación de distintos cargos con la oposición y así eludir el peso de la mayoría kirchnerista.
Figuras claves en la estrategia Judicial y el rol del Procurador
Las riendas de estas estrategias en el ámbito judicial están en manos de Santiago Caputo, asesor presidencial, y Sebastián Amerio, secretario de Justicia.
Ambos funcionarios no solo siguen de cerca la situación de la Corte, sino que también monitorean la negociación por el cargo de Procurador General de la Nación. Actualmente, este puesto es ocupado de manera interina por Eduardo Casal, desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017. La relevancia de este cargo ha crecido con el comienzo progresivo del nuevo Sistema Acusatorio, que ahora asigna la investigación de las causas a los fiscales, y no a los jueces.
