La jueza Sandra Arroyo Salgado ha dictado el procesamiento de Alesia Abaigar y Eva Mieri en la causa que investiga el "escrache" a la residencia del diputado libertario José Luis Espert, donde se arrojó materia fecal. La magistrada también impuso un embargo de $5 millones a cada una. La medida judicial se extiende a Iván Díaz Bianchi, un empleado administrativo del Hospital Provincial Cetrángolo de Vicente López.
Acusación: organizar un ataque para condicionar al legislador
Según la jueza, tanto Abaigar, funcionaria del gobierno bonaerense, como Mieri, concejala de Quilmes, "formaron parte, en carácter de organizadoras, de una agrupación que tenía por finalidad condicionar la actuación presente y/o futura del diputado". Los tres procesados enfrentan cargos como coautores por atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio por motivos políticos.
Arroyo Salgado enfatizó que Abaigar y Mieri fueron "quienes organizaron y planificaron las acciones", destacando la gravedad de que "estamos hablando de dos funcionarias que obraron contrariamente a lo que demandan sus investiduras".
Evidencia detallada en la resolución judicial
La jueza fundamentó su decisión en pruebas contundentes: "De las conversaciones obtenidas del teléfono de Abaigar puede observarse con claridad que la nombrada (por Abaigar) resultó ser quien, junto con Eva Mieri se encargaba de organizar el acontecimiento delictivo, como así también de reclutar a personas para que participen, brindando las correspondientes indicaciones de vestimenta, horario y lugar, logística e, incluso refiriendo que prefieren que sean compañeras mujeres (...) Incluso (Abaigar) ofrece a Iván Díaz Bianchi, pagarle los gastos de traslado a fin de que participe".
Por otra parte, la resolución judicial dictó el sobreseimiento de Eva Pietravallo, madre de Abaigar, y de Alberto Protti, expareja de la funcionaria bonaerense. Asimismo, se declaró la falta de mérito para Aldana Muzzio y Candelaria Montes Cato.
Finalmente, la jueza Arroyo Salgado levantó el secreto de sumario que regía desde el inicio de la investigación, permitiendo mayor transparencia en el caso.
