La Justicia federal de San Martín ha dictaminado un nuevo freno a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, al aceptar un recurso de amparo que busca impedir el cierre de Vialidad Nacional, un organismo vital para la seguridad vial del país. Esta es la segunda medida judicial que se opone a la disolución de la entidad, establecida por el Decreto 461/2025 del Poder Ejecutivo.

La reciente decisión del Juzgado Federal N°2 de San Martín responde a una presentación realizada por Pablo Martínez Carignano, expresidente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quien argumentó que la disolución del organismo representa un peligroso retroceso en seguridad vial y vulnera derechos constitucionales fundamentales. Este mismo juzgado ya había concedido, a mediados de julio, una medida cautelar a favor del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, que suspendió por seis meses la reestructuración del área de transporte.

En su amparo, Martínez Carignano solicitó la inconstitucionalidad del decreto, alegando que "viola el principio de legalidad y derechos como la vida, la salud, la circulación y la igualdad ante la ley, reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos". El exfuncionario advirtió que la eliminación de la ANSV "multiplicará las muertes viales", debilitará la coordinación federal del tránsito y desmantelará una política pública que ha salvado miles de vidas desde su creación. En sus redes sociales, Carignano fue contundente: “Esto no es una reforma: es un retroceso brutal. La Justicia debe evitar el desastre”. Además, destacó que la Agencia ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, y que logró reducir un 30% las muertes por siniestros viales.

El impacto negativo del posible cierre de la ANSV también ha generado preocupación entre familiares de víctimas de accidentes viales. Aunque aún no hay cifras oficiales sobre el tema —y el futuro de las mismas es incierto con el posible cierre de la ANSV—, algunas intendencias ya comenzaron sus propios relevamientos. Un ejemplo es Bolívar, donde en 2024 se registraron 36 siniestros en rutas nacionales con intervención hospitalaria, mientras que entre enero y mayo de 2025 ya se contabilizaron 20. La gravedad de estos incidentes también parece aumentar, con el hospital interviniendo en el 55% de los casos en 2025, frente al 52,7% del año anterior.

A pesar de la sólida evidencia sobre la importancia de la Agencia, con presencia en todas las provincias, el Gobierno de Javier Milei había decidido a principios de julio el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. En ese momento, Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), responsabilizó directamente al presidente Milei y al ministro Sturzenegger por el impacto de una medida que, según ella, convertirá las rutas nacionales en "rutas de la muerte". La dirigente sindical argumentó que la disolución de este organismo clave para el mantenimiento de las vías profundizará su peligrosidad. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y están armando este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.