El juicio oral por la denominada megaestafa de los planes sociales retoma su actividad esta semana, con la expectativa puesta en la declaración de comisarios y personal policial que participaron activamente en los allanamientos iniciales de la causa. Se espera que sus testimonios brinden un detalle pormenorizado del material secuestrado, fortaleciendo la evidencia contra los catorce imputados.

La causa, que investiga una presunta asociación ilícita conformada por exfuncionarios y particulares, busca esclarecer un fraude millonario al Estado. Según la acusación, los involucrados habrían desviado fondos públicos destinados a personas en situación de vulnerabilidad a través de la entrega irregular de asignaciones y la falsificación de documentación. El perjuicio económico, inicialmente estimado en 153 millones de pesos, se actualizó a una cifra que supera los 1.000 millones de pesos.

La manipulación detrás de las listas de beneficiarios

La última audiencia del juicio se centró en el contundente testimonio de un auditor, cuyas palabras complicaron aún más la situación de tres de los principales imputados: el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el ex coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler; y la ex directora de Tesorería, Julieta Oviedo.

El especialista, que revisó la documentación entre enero y junio de 2022, afirmó sin rodeos que "hubo manipulación en el listado de los beneficiarios". Su principal hallazgo fue una llamativa regularidad: "Se arregló todo para que los totales siempre dieran lo mismo". A pesar de que el monto global de dinero se mantenía estable, el auditor detectó que los montos percibidos por cada beneficiario variaban de manera radical, un hecho "llamativo porque esos aportes no suelen variar tanto mes a mes, ni tampoco de beneficiario en beneficiario".

El testigo profundizó en las irregularidades, explicando que encontró notorias diferencias entre los listados de beneficiarios aprobados y los que se usaban para repartir el dinero. Estas divergencias se daban no solo en los montos destinados a cada persona, sino también en el método de pago (a través de cuántos cheques y cuántos depósitos en cuenta se efectuaban). Según su declaración, esos datos "nunca coincidían", y toda la documentación revisada llevaba el aval de Soiza, Siegenthaler y Oviedo.

Testigos complican a la pareja de un arrepentido clave

Por otra parte, el juicio ha arrojado luz sobre el crecimiento patrimonial de Isabel Montoya, la pareja de Néstor Pablo Sanz, el ex director de Fiscalización que, en calidad de arrepentido, se convirtió en una pieza clave de la investigación.

Dos testigos han aportado información que evidenció un abrupto aumento en los bienes de Montoya. Un empleado municipal de Centenario confirmó que la mujer lo convocó para habilitar un flamante centro de estética. A su vez, el dueño de una empresa de administración de consorcios declaró que Montoya adquirió un lote en un barrio privado por el valor de 34.000 dólares, comprometiéndose a pagarlo en cuotas de 8.000 dólares y sumando la entrega de un vehículo de alta gama. En el arreglo, se habría mencionado a Sanz, evidenciando un vínculo directo.

El proceso judicial, que investiga 9.303 hechos de fraude, continuará con las declaraciones que podrían aportar aún más detalles sobre el mecanismo de la estafa y los involucrados. Las acusaciones giran en torno a la conformación de una asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de tarjetas de débito sin autorización, delitos que buscan castigar el desvío de fondos que debían haber sido un alivio para los sectores más vulnerables de la sociedad.