Documentos oficiales revelan que el Estado nacional adjudicó millonarios contratos a la droguería ALFARMA SRL, propiedad de Ariel García Furfaro, meses antes de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendiera preventivamente a la empresa por "incumplimientos muy graves" en sus prácticas de distribución. La primera observación de ANMAT sugiriendo el cierre preventivo de los laboratorios se hizo en noviembre de 2024.
Según la información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, las adjudicaciones se realizaron a principios de 2025, justo antes de que estallara la conmoción pública por los lotes contaminados de fentanilo y otras drogas que desataron una investigación judicial.
Detalles de las Contrataciones
Una de las compras más significativas, por un valor de más de $16 millones de pesos, se formalizó el 25 de febrero de 2025 a través de la Orden de Compra Nº 88-0005-OC25. Este contrato, tramitado por el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), incluyó una larga lista de medicamentos de uso hospitalario como adrenalina, antibióticos y antiulcerosos. El destino de los productos era el servicio de farmacia del INAREPS en Mar del Plata.
Paralelamente, en abril de 2025, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” adjudicó a ALFARMA SRL dos renglones por un monto superior a los $2.2 millones de pesos para la "Adquisición de medicamentos y repelentes para campaña contra el dengue". Esta contratación se realizó por la vía de urgencia sanitaria.
La Medida de ANMAT y el Contraste Regional
El 12 de junio de 2025, a través de la Disposición 3989/2025, la ANMAT dictó una suspensión preventiva de la habilitación de ALFARMA S.R.L. para el tránsito de medicamentos a nivel interjurisdiccional. La decisión se tomó tras una inspección en la que se detectaron faltas "muy graves y graves", incluyendo la imposibilidad de la empresa de presentar la documentación que avalara sus movimientos de distribución.
Este escenario contrasta con la situación en la provincia de La Pampa, donde el Ministerio de Salud había suspendido toda relación comercial con la droguería desde el año 2022 debido a "irregularidades en controles previos", aplicando incluso sanciones económicas.
La Defensa del Empresario y la Postura Oficial
Frente a la investigación, el dueño de la droguería, Ariel García Furfaro, ha negado su responsabilidad, atribuyendo la situación a un exempleado o incluso a un supuesto sabotaje. En sus declaraciones públicas, afirmó que su empresa realizó un "autorecall" de productos antes de la medida de la ANMAT y que la agencia actuó sin análisis previos. También minimizó la peligrosidad de la bacteria hallada (Klebsiella), asegurando que es común en sanatorios.
Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, ha reaccionado con dureza. En una entrevista, sostuvo que Furfaro y su entorno tenían vínculos con la política y que su gestión ha sido la primera en "ponerle un freno a estos delincuentes". El ministro anunció la apertura de un sumario interno en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) para investigar a posibles funcionarios comprometidos, con la promesa de desvincularlos inmediatamente si se detectan irregularidades.
La secuencia de los hechos, con adjudicaciones que se concretaron apenas semanas o meses antes de una suspensión por graves deficiencias, se ha convertido en el eje central de las preguntas sobre la gestión pública y los procesos de control.
