La nueva instancia, integrada por los ministerios de Defensa y Seguridad, busca optimizar la vigilancia territorial y evitar la duplicación de esfuerzos en áreas de seguridad de frontera. Las Fuerzas Armadas brindarán apoyo logístico y operativo a las fuerzas de seguridad.
El Gobierno nacional oficializó la creación de la Mesa Conjunta de Coordinación, una nueva instancia interministerial diseñada para planificar, supervisar y evaluar las tareas en las zonas de seguridad de frontera. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 68/2025, busca fortalecer la cooperación entre las carteras de Defensa, a cargo de Luis Petri, y Seguridad, liderada por Patricia Bullrich.
La normativa establece que la mesa tendrá como objetivo "optimizar la vigilancia territorial, evitar la duplicación de esfuerzos y fortalecer la cooperación institucional" entre ambas fuerzas. Su creación se fundamenta en el Decreto 1112/2024, que habilita a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo logístico y operativo en estas zonas, siempre dentro del marco de la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior.
Funciones y composición
La Mesa de Coordinación estará estructurada en tres niveles jerárquicos:
1.Primer Nivel: Integrado por los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, quienes definirán las zonas de despliegue.
2.Segundo Nivel: Conformado por los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares y de Seguridad Nacional. Estos funcionarios tendrán a su cargo la conducción de la mesa y la convocatoria de reuniones mensuales.
3.Tercer Nivel: Contará con representantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de las fuerzas policiales y de seguridad federales.
Entre las funciones de este organismo se encuentran la elaboración de planes anuales, la definición de protocolos y el monitoreo de los operativos. La resolución aclara que el accionar de las Fuerzas Armadas se limitará a aquellas zonas de frontera que no incluyan pasos habilitados ni áreas urbanas, y que no implicará un gasto adicional para el Estado, ya que se utilizarán los recursos ya asignados a cada jurisdicción.
