El juicio por la presunta estafa millonaria con planes sociales en Neuquén sumó un testimonio crucial esta semana. Griselda Cittadini, exdirectora general de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, declaró ante la Justicia y expuso el supuesto esquema fraudulento que habría operado entre 2020 y 2022. Su declaración puso en el centro de la escena a los imputados Tomás Siegenthaler, Abel Di Luca y Ricardo Soiza, a quienes señaló como los "cabecillas de la maniobra".

Cittadini, quien también fue acusada en la causa, describió un funcionamiento irregular dentro de la cartera, afirmando que "se trabajaba mal, se omitía la ley". Reveló que los expedientes para justificar los subsidios se armaban con hasta tres meses de atraso, con inconsistencias evidentes. También denunció que se adulteraban facturas y se emitían cheques por montos pequeños y endosables, facilitando así un manejo discrecional de los fondos.

Beneficiarios fantasma y poder real en la gestión

La declaración de la exfuncionaria reforzó la teoría de la fiscalía, que sostiene que el fraude habría permitido la sustracción de millones de pesos. Un análisis contable reveló que, solo entre enero y junio de 2022, al menos 1.577 beneficiarios que figuraban en los registros nunca recibieron los subsidios.

El testimonio de Cittadini también arrojó luz sobre la supuesta jerarquía de la organización. La exdirectora aseguró que la entonces ministra, Adriana Figueroa, tenía un rol secundario y que las decisiones clave pasaban por Siegenthaler, Di Luca y Soiza. La acusación sostiene que este grupo solicitaba fondos al Tesoro provincial sin detallar a los beneficiarios, y luego "dibujaba" los expedientes para encubrir la estafa. La investigación señala que los listados de beneficiarios se confeccionaban en la oficina de Planes Sociales, operada por Soiza y su equipo, antes de ser procesados por la cúpula de la cartera.