El gobierno de Javier Milei ha escalado la tensión con el Congreso y el Poder Judicial al desafiar abiertamente sus decisiones. Mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Poder Ejecutivo puso en situación de disponibilidad a más de 280 trabajadores de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuia (INTA), a pesar de que tanto la Justicia como el Senado habían dictaminado lo contrario.
Un plan ignorado: Desafío a la legalidad
La medida, que afecta a empleados del INTA, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto de Vitivinicultura (INV), se adoptó tras un fallido intento del Ejecutivo de intervenir estas entidades.
En una votación contundente, el Senado derogó el decreto que buscaba ese objetivo, dejando claro su rechazo a la iniciativa.
La decisión de Caputo, publicada en el Boletín Oficial, no solo desoye el mandato legislativo, sino que también ignora una orden judicial. Un tribunal federal había emitido una medida cautelar a favor de los gremios del INTA, obligando al gobierno a abstenerse de cualquier acción administrativa que pudiera alterar la situación de los organismos.
Reorganización o disolución: El futuro de los organismos
Entre los empleados afectados se encuentra Ariel Pereda, director nacional del INTA. La noticia llega en un momento de gran incertidumbre para estas instituciones, cuyos trabajadores se movilizaron en masa para presenciar la votación del Senado. La falta de transparencia del gobierno en sus planes ha alimentado el temor de que se busquen recortes de personal, o incluso la venta de activos como los campos experimentales del INTA.
Las filtraciones indican un plan para reducir la planta de personal del INTA en un 25%, pasando de 6,000 a 4,500 empleados. A pesar de que el gobierno no ha confirmado oficialmente estos detalles, la resolución de Caputo demuestra su intención de avanzar con una profunda reestructuración, pasando por alto las decisiones de los otros poderes del Estado. La acción ha sido calificada como una "clara provocación" por funcionarios afectados y ha profundizado la preocupación sobre el respeto a las instituciones democráticas y los derechos laborales.
