Una donación autorizada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ha puesto bajo la lupa la relación entre la fundación de un empresario procesado por contrabando y una escuela de formación política vinculada a un armador bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja. La conexión, revelada por la periodista Giselle Leclercq para el diario Perfil, plantea serios interrogantes sobre la procedencia de los bienes donados y el vínculo entre figuras clave del oficialismo y un empresario con un historial judicial turbulento.
La Fundación Darío Donolo y su nexo con la política
Según la investigación, la Fundación Darío Donolo, presidida por el empresario Darío Antonio Donolo, fue la encargada de registrar en agosto de 2024 el dominio del sitio web de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), una usina de candidatos de Sebastián Pareja. Apenas seis meses después, en febrero de 2025, la misma fundación recibió una donación de mercadería incautada por la Aduana, autorizada y firmada por Karina Milei.
La donación, oficializada en el Boletín Oficial, consistió en 26.243 unidades de artículos de primera necesidad y prendas de vestir. El dato más relevante es que el presidente de la fundación, Darío Donolo, es uno de los 97 procesados en la megacausa conocida como la "Mafia de la Aduana", que fue elevada a juicio en mayo de 2024.
Un empresario imputado por asociación ilícita y contrabando
Donolo está imputado por "asociación ilícita y contrabando agravado" y, según los investigadores, es considerado un "actor clave" de la organización delictiva. La causa de la "Mafia de la Aduana" investiga una red de contrabando a gran escala. La investigación periodística deja sin respuesta el motivo exacto por el cual la fundación de un empresario con estas graves imputaciones judiciales registra el sitio web de la escuela de formación de un dirigente clave de LLA, y posteriormente se beneficia con una donación oficial del Estado.
La investigación periodística subraya la falta de transparencia en esta conexión, ya que no se ha brindado una explicación oficial sobre por qué una fundación con un líder imputado en un caso de contrabando a gran escala, y que además maneja la infraestructura digital de un dirigente del oficialismo, es beneficiada con bienes del Estado que deberían ser destinados a causas de bien público. Este hecho, en plena gestión de un gobierno que hizo de la lucha contra la "casta" una de sus principales banderas, genera un profundo escándalo político.
